La ley de educación chilena, a medio camino entre el avance y el estancamiento

Santiago de Chile.-  La nueva ley de educación en Chile genera el rechazo de estudiantes y profesores, que mañana volverán a exigir en las calles un sistema público de calidad, y divide a los políticos, aunque la mayoría creen que representa un avance frente a la anterior, que data de la dictadura militar.

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(EFE)

Un manifestante es detenido por la policía, el pasado 25 de junio, durante un paro convocado por el colegio de profesores y estudiantes de secundaria y universitarios que se oponen a Ley General de Educación (LGE), en Santiago (Chile).

La normativa, aprobada el pasado 19 de junio por los diputados tras un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, se encuentra ahora en trámite en el Senado, donde será votada antes de fin de mes.

La nueva ley es fruto de una comisión especial surgida tras la "Revolución de los Pingüinos" de 2006, cuando los estudiantes secundarios (llamados así por su uniforme) se movilizaron para pedir una reforma educativa, ocuparon colegios y protagonizaron masivas protestas que pusieron en un serio aprieto al Gobierno.

La presidenta Michelle Bachelet, quien había accedido al cargo en marzo de ese año, designó una comisión especial con representación de estudiantes que concluyó en abril de 2007 con la elaboración de un proyecto de Ley General de Educación (LGE) que se ha debatido en el último año en el Parlamento.

Ese texto debe reemplazar a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta en los ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que según sus detractores consagra el lucro en la educación, permite la selección de alumnos y aumenta la segregación y la desigualdad.

Sin embargo, la "Revolución de los Pingüinos" y los debates legislativos acabaron dos años después con los estudiantes secundarios nuevamente en las calles, tomas de colegios, protestas y paros nacionales durante mayo y junio, a los que se sumaron los universitarios y docentes.

La aprobación de la norma en la Cámara de Diputados supuso un jarro de agua fría para estudiantes y profesores, quienes demandan que se refuerce la educación pública y que vuelvan a manos del Estado los centros, actualmente dirigidos por municipios y administradores privados.

Estas son las dos principales deficiencias para el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien declaró a Efe que el proyecto no define al Estado como "garante del derecho a una educación pública de calidad para todos los ciudadanos", ni le otorga el deber de administrar el sistema.

Gajardo critica que todos colegios del sistema público pertenecen a los municipios, y no al Estado, lo que a su juicio fomenta la desigualdad, porque no todos tienen los mismos ingresos, y el lucro, porque algunos crean entidades privadas para gestionarlos y no reinvierten los beneficios en los centros.

Manuel Rojas, diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente, también cree insuficiente la aportación a la educación pública del Estado, que destina por alumno al mes 32.500 pesos (unos 65 dólares), a los que se suman 40.000 pesos aportados por los padres en el los centros privados.

Rojas subraya que la ley prohíbe que el administrador del colegio tenga otras empresas en las que invertir el dinero, pero Gajardo asegura que existen mecanismos para disfrazar el lucro, como constituir empresas paralelas o transferir fondos como si fueran donaciones.

Carolina Tohá, diputada del gubernamental Partido por la Democracia, coincide en que "la gran carencia" de la ley es que no mejora la financiación de centros públicos, que destinan un 20 por ciento más de la subvención a pagar sueldos de profesores con más antigüedad que los privados, con docentes "más jóvenes y baratos".

La diputada destaca sin embargo los avances del proyecto que, según dijo, concede al Estado "la capacidad de exigir calidad en la educación" al crear una agencia que realice inspecciones periódicas y pueda solicitar el cierre del colegio, cuando sea privado o subvencionado, o su intervención, si es público.

Para el diputado de la opositora Renovación Nacional Germán Becker una de las ventajas del proyecto es la constitución de la Superintendencia de Educación, que fiscalizará el buen uso de los recursos públicos.

Becker valora también la prohibición de seleccionar a alumnos de primero a sexto básico (de 6 a 12 años) por criterios académicos -los económicos nunca se han tenido en cuenta-, pero sí de primero a cuarto medio (de 12 a 16 años), cuando a su juicio "los niños ya tienen méritos académicos por sí mismos".