Santiago de Chile.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó hoy la controvertida Ley General de Educación (LGE), después de tres años de protestas sociales y discusiones parlamentarias.
Bachelet hizo un llamado a los congresistas a "aprobar cuanto antes el proyecto que concreta la Agencia de Calidad y la Superintendencia para que la implementación de la LGE sea posible". EFE/Archivo
La nueva legislación reemplaza a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), impuesta en la década de los ochenta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que según sus detractores consagra el lucro en la educación y aumenta la desigualdad.
La ceremonia se desarrolló en el palacio presidencial de La Moneda y en ella participó la ministra de Educación, Mónica Jiménez, quien afirmó que "la LGE permitirá asegurar a todos los estudiantes mejores estándares de aprendizaje y alcanzar los objetivos fijados como país".
Este nuevo marco regulador de la educación chilena permitirá que aquellos que financian el funcionamiento de los colegios no puedan dedicarse a otro sector económico, y deberán rendir cuenta pública de los recursos estatales que reciban.
Además, la LGE contempla la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, ambos proyectos que aún continúan discutiéndose en el Congreso y que se encargarán de regular el funcionamiento de la nueva ley.
En este sentido, Bachelet hizo un llamado a los congresistas a "aprobar cuanto antes el proyecto que concreta la Agencia de Calidad y la Superintendencia para que la implementación de la LGE sea posible".
La nueva ley es fruto de una comisión especial surgida tras la "Revolución de los Pingüinos" de 2006, cuando los estudiantes secundarios (llamados así por su uniforme) se movilizaron para pedir una reforma educativa, ocuparon colegios y protagonizaron masivas protestas que llevaron a la renuncia del entonces ministro de Educación, Martín Zilic.
Aquella movilización, que se reactivó a mediados del pasado año, contó con el apoyo del Colegio de Profesores de Chile, cuyo presidente, Jaime Gajardo, calificó este lunes la promulgación de la norma como una "traición al movimiento".
"Un gran movimiento deberá oponerse a esta promulgación, ya que no contiene el espíritu de las demandas que le dieron origen, por ejemplo, terminar con el lucro", dijo hoy Gajardo a la radio de la Universidad de Chile.
La aprobación del texto fue fruto del acuerdo político alcanzado entre el Gobierno y la oposición de derechas, pacto al que sin embargo se resistieron varios parlamentarios durante la tramitación de la normativa.
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