Las Palmas de Gran Canaria.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el consejero canario del área, José Miguel Ruano, suscribieron hoy un convenio de colaboración que contribuirá a reforzar el papel que desempeñarán los secretarios judiciales en la nueva Oficina Judicial.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño (i), y el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, durante la rueda de prensa que ofrecieron tras firmar hoy en Las Palmas de Gran Canaria un convenio de colaboración para la creación de la Comisión Mixta entre el Gobierno de Canarias y los secretarios judiciales en materia de medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia en las islas.
Así lo explicó el ministro tras la firma del acuerdo, que supondrá la creación de la comisión mixta entre el Gobierno de Canarias y este colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia regional en materia de medios materiales y humanos.
Caamaño explicó que como consecuencia de la reforma procesal y de organización de la Administración de Justicia que está en marcha, los secretarios judiciales asumirán un papel muy importante en el despliegue de la Nueva Oficina Judicial.
"El nueva esquema normativo hace que el juez se dedique fundamentalmente, a aquellas tareas que la Constitución le encomienda, que es la de juzgar y aceptar lo juzgado, mientras que la dirección de la oficina procesal recae sobre los secretarios judicial, que asumen un protagonismo especial en relación con la tramitación de los asuntos y la gestión de los recursos y las infraestructuras", refirió.
Por ello, consideró que convenios como el firmado hoy, que ponen en contacto directo a los secretarios coordinadores con las administraciones autonómicas, "son una muestra clara de cómo podemos trabajar en común y llevar a delante, con racionalidad y entendimiento entre todas las administraciones, este proyecto tan importante para todos los españoles como es la transformación del sistema de justicia desde el punto de vista de la organización de los tribunales".
A juicio de Caamaño, modernizar el sistema judicial español "supone transformación, inversión y también mecanismos de colaboración y de intercambio de información y trabajo conjunto" entre administraciones "para hacer las cosas obteniendo la mayor eficiencia y sinergia en beneficio de los ciudadanos, de la comunidad autónoma y de España".
Así, subrayó que, "sin duda, los asuntos judiciales en Canarias no sólo se llevan entre canarios, sino que también se llevan fuera de las Islas, en el Tribunal Supremo, o entre personas residentes en Canarias y en otras partes del territorio español o, incluso, entre otras personas que residen en la UE o en otros países", por lo que consideró que "la colaboración de ambas administraciones", el Ministerio que dirige y la comunidad canaria, "es muy importante para los ciudadanos, especialmente ante los retos inmediatos que tenemos como consecuencia de la aprobación de las leyes procesales que permiten la articulación de la Nueva Oficina Judicial".
Caamaño también aludió a otro de los retos inmediatos que habrá de abordar la Administración de Justicia española, un compromiso asumido en conferencia sectorial que cuenta con el apoyo de la comunidad canaria como es el de proceder a intensificar sus redes procesales para que todos los tribunales del país puedan, "de una vez por todas, trabajar en tiempo real y en red".
Por su parte, el consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano, no quiso precisar el número de nuevas unidades judiciales que la comunidad canaria solicitará que se creen en las Islas de cara a la implantación de esa Nueva Oficina Judicial en la próxima reunión de la conferencia sectorial de Justicia, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre, según avanzó ayer el ministro.
Ruano recordó al respecto que desde 2005 se han creado en Canarias 45 nuevas unidades judiciales, lo que ha supuesto, dijo, "una expresión clara del esfuerzo financiero que la sociedad está haciendo para mejorar la justicia en Canarias", y que la previsión de crecimiento establecida por el Ministerio para el próximo año es de 150 unidades para todo el Estado.
En opinión del consejero, "no sólo hay que hablar de las nuevas unidades judiciales, sino de secretarios judiciales y de cómo poner en marcha la oficina judicial con algunas experiencias diversas sobre un marco único", por lo que consideró que "todavía es pronto para aventurar un número concreto, ya que sería simplificar en exceso un asunto que requiere ser estudiado en el seno de la conferencia sectorial".
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