Murcia.- La Audiencia Provincial de Murcia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ha anulado la decisión del Juzgado de Instrucción número 5, que el 31 de enero de 2008 acordó el archivo de la causa abierta contra dos ex directores generales de la Comunidad Autónoma por autorizar en 2003 la continuación de las obras de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor.
El auto de la Audiencia, del que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, señala que la investigación, abierta tras la querella presentada por el PSOE en 2007, se cerró sin practicar todas las diligencias exigidas, por lo que ordena su reapertura. EFE/Archivo
El auto de la Audiencia, del que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, señala que la investigación, abierta tras la querella presentada por el PSOE en 2007, se cerró sin practicar todas las diligencias exigidas, por lo que ordena su reapertura.
El tribunal ordena al juez que revoque la decisión de sobreseimiento libre de las actuaciones y que practique las diligencias que le ha pedido el fiscal "y cuantas otras permitan precisar las omisiones" que señala en el propio auto.
Recoge la resolución de la Audiencia, al aceptar el recurso formulado por el PSOE, que la querella fue presentada contra el que fue director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado y contra Marcos Ortuño, que fue director general de Transportes y Puertos y que declararon como imputados en octubre de 2007.
Frente a lo que el auto de archivo recoge en cuanto a la declaración de Alvarado, la Audiencia afirma que "no consta que realizase ningún estudio de impacto ambiental entre julio de 2003 y octubre del mismo año".
En cuanto a lo declarado por Ortuño, afirma la Audiencia que, "frente a lo que se reseña en el auto del Juzgado, omitió la tramitación que el mismo reseña como normal en su Dirección General, facilitó o, al menos, no controló, una actuación absolutamente extraña con relación a una petición formulada a su Dirección General".
Y añade que esta petición "se hizo llegar a otra Dirección General de distinta Consejería para que resolviera, no siendo la competente, tal y como se hacía constar en los propios informes emitidos por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma".
Señala también el auto que "lejos de corregir esas anomalías, omitió cualquier control propio o solicitud de informe a los Servicios Jurídicos de su Dirección General, facilitando una notificación sólo a la entidad Puerto Mayor, S.A."
Las diligencias que ahora se reabren fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción tras la querella por un presunto delito de prevaricación administrativa presentada por el PSOE contra los dos citados ex directores generales.
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