Madrid.- El nuevo texto del proyecto de Ley de Extranjería amplía las competencias en materia de contratación y gestión de la inmigración de las Comunidades Autónomas, que incluso certificarán el nivel de integración de los inmigrantes que quieran renovar sus papeles.
El nuevo texto del proyecto de Ley de Extranjería amplía las competencias en materia de contratación y gestión de la inmigración de las Comunidades Autónomas, que incluso certificarán el nivel de integración de los inmigrantes que quieran renovar sus papeles. EFE/Archivo
El texto aprobado hoy en la comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados también aumenta las garantías jurídicas en los Centros de Internamiento y permite la cesión de la tutela de los menores no acompañados a Comunidades Autónomas u ONG.
Así lo han acordado los miembros de la comisión, que hoy han aprobado -por 20 votos a favor, 13 en contra (del PP e ICV-IU-ERC) y 1 abstención del PNV- el dictamen de la ponencia que ha "mejorado y perfeccionado" el proyecto de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
A lo largo de las más de cinco horas de debate varios temas han centrado las discusiones, especialmente los relativos a los menores y la necesidad de compartir esa responsabilidad, y el "blindaje de competencias" de las Comunidades Autónomas, a las que se les reconoce el derecho de establecer acuerdos con los países de origen de los inmigrantes.
Este punto en concreto ha llevado al portavoz del PP, Rafael Hernando, a apuntar la posibilidad de que su grupo presente un recurso de inconstitucionalidad si prospera por considerar que infringe en las competencias de política exterior que son exclusivas del Estado.
El nuevo "informe de integración" que las Comunidades Autónomas elaborarán para apoyar las solicitudes de renovación de permiso de trabajo o residencia que ha sido defendido por CiU, como un mecanismo para "superar el multiculturalismo", ha sido duramente criticado por el PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarría, ha cuestionado la imposición de una cultura sobre otras.
Por su parte el PNV ha destacado la necesidad de que se establezca un sistema por el cual todas las Comunidades Autónomas asuman una parte de responsabilidad en la atención a los menores no acompañados sin el cual no apoyará la ley.
"Los menores no acompañados no son una mercancía averiada que haya que distribuir equitativamente entre las Comunidades Autónomas", le ha replicado el ponente de la ley, el socialista Oscar Seco.
El texto que será debatido en el pleno del Congreso del próximo jueves, será previsiblemente aprobado con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, con quienes la portavoz del PSOE para inmigración, Esperança Esteve, asegura tener un acuerdo "absolutamente cerrado".
De hecho, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, se ha declarado "amplísimamente satisfecho" ya que se han aceptado todas sus enmiendas que "blindan" las competencias en materia de inmigración que había definido el Estatut, aunque ha advertido de que "no agotan todas nuestras aspiraciones".
Por contra, Hernando ha destacado la "enorme decepción" de haber presentado 63 enmiendas y ver que sólo se han aceptado dos, lo que demuestra que "se ha excluido de forma deliberada" al PP.
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