Alicante.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha instado hoy al ámbito legislativo a redactar y desarrollar una "Ley Estatal de Mediación Judicial" con el fin de reducir el número de conflictos que precisan de juicio para su resolución.
El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro (d) y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, durante la rueda de prensa que han ofrecido con motivo del II Congreso de Derecho Penal Procesal, organizado por la Audiencia Provincial y Caja Mediterráneo.
"Se trata de dejar en manos de la sociedad civil la solución a problemas que no siempre deben venir impuestos por la Justicia", ha afirmado De Rosa, quien esta mañana ha presentado las conclusiones de un proyecto de "mediación penal" desarrollado en los dos últimos años por la Audiencia de Alicante y un Juzgado de lo Penal.
La idea es, según ha expuesto el vocal del CGPJ, "conseguir que el ciudadano sea el protagonista de la justicia y no la propia justicia".
La mediación judicial tiene por objeto canalizar un consenso entre demandado y demandante, o agresor y víctima, para que ambas partes alcancen un acuerdo, en el que el primero acepta su responsabilidad y ésta es aprobada por el segundo, con el fin de evitar la celebración del juicio.
El acuerdo de conformidad suscrito es supervisado por el magistrado, quien, tras llamar a las partes, éstas sólo tienen que ratificarlo ante su presencia.
Para De Rosa, "la medicación judicial" debe ser una de las tres respuestas que los poderes públicos deben ofrecer para hacer frente a los cerca de diez millones de asuntos judiciales que anualmente entran en los juzgados españoles.
Las otras dos herramientas, según ha añadido el vocal del CGPJ, es la puesta en marcha de la denominada Oficina Judicial y la creación de nuevos juzgados.
De Rosa ha manifestado que la Ley Estatal de Mediación permitiría trasladar el arbitraje judicial al ámbito penal, civil y laboral, entre otros, cada uno con sus peculiaridades procesales.
Los resultados del proyecto de "mediación penal" desarrollado en Alicante, que han sido presentados por el presidente de la Audiencia provincial, Vicente Magro, reflejan que de las 35 mediaciones practicadas, en 22 se llegó a un acuerdo entre las partes.
Asimismo, en el 90 por ciento de estas últimas hubo una reparación material -económica- para la parte denunciante, mientras que en el resto se produjo "una reparación simbólica".
Del total de mediaciones practicadas (35), 13 estaban relacionadas con el impago de pensiones, ocho eran por un delito de lesiones y cinco por robos con fuerza. El resto fueron por apropiación indebida (3), estafa (2), daños (2), injurias y acoso laboral.
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