Soria cree que ños servicios públicos esenciales se verán afectados por el caso Tebeto

Santa Cruz de Tenerife.-  El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, afirmó hoy que si finalmente la Comunidad Autónoma tiene que hacer frente al pago de la indemnización por el caso Tebeto, los servicios públicos esenciales se verán afectados.

ampliar foto

(EFE)

El consejero de de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, en su comparecencia en la comisión parlamentaria de Presupuestos, Economía y Hacienda.

En todas las áreas del Gobierno, excepto los recursos comprometidos en convenios con otras administraciones, deberán ser retenidos créditos para hacer frente al pago de los 102 millones de euros de indemnización a la empresa Cabo Verde, titular de los derechos de explotación mineros de la montaña de Tebeto, dijo Soria en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias.

El vicepresidente dijo sin embargo que el Ejecutivo agotará todas las vías jurídicas posibles para no tener que hacer frente a esa indemnización, que considera desproporcionada, o en todo caso para que el pago sea fraccionado.

En este asunto, todas las fuerzas políticas deben estar unidas, porque el pago de la indemnización "dolerá" a todos los canarios y a él especialmente, como responsable de la hacienda y de aplicar los recortes en los servicios públicos.

Para dar idea de esa desproporción, Soria dijo que 102 millones de euros es lo que ha costado el Gran Telescopio de Canarias, la mayor instalación científica española en el área de la astrofísica.

Soria garantizó que si la justicia lo dictamina, "el Gobierno de canarias pagará", pese a que es una indemnización que repercutirá en todos los ciudadanos y a que el origen del problema data de decisiones tomadas por el Ejecutivo canario en 1993.

Pese a que el Gobierno canario no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al admitir la demanda de indemnización, no va a poner en cuestión "ni la independencia ni la profesionalidad de un juez", porque acusar al magistrado de prevaricación, en referencia a declaraciones del portavoz socialista, Santiago Pérez, "no es lo más acertado".

El vicepresidente recordó que ante la sentencia indemnizatoria el Gobierno de Canarias presentó un recurso de súplica que no fue aceptado y pidió la constitución de un aval al demandante, que también ha sido conformado.

Las actuaciones pendientes son un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podría tardar tres o cuatro años y que no interrumpe la ejecución del pago, y un recurso contra la decisión judicial de rechazar el fraccionamiento en el pago de los 102 millones de euros, explicó.

"Si nos ponemos en el peor de los casos" y el Gobierno tiene que hacer frente a la indemnización, se pagaría mediante retenciones de crédito que afectarían a todas las partidas presupuestarias, incluidos los servicios públicos fundamentales y con la excepción de las que tienen financiación comprometida por convenios.

Esta reducción presupuestaria se añadiría a la que ya proyecta el Gobierno de Canarias para 2010 por 302 millones de euros por el descenso en la recaudación impositiva y que por sí sola reducirá el presupuesto autonómico en un 4,2 por ciento el próximo ejercicio.

El vicepresidente precisó que la reducción presupuestaria del 4,2 por ciento es una media, ya que el descenso porcentual del gasto será inferior en sanidad, educación y servicios sociales, será en torno al 4 por ciento en sectores fundamentales como investigación y desarrollo y más elevado en "todo lo demás", con recortes en algunas áreas del 20 por ciento.

Si se recortara el gasto el 4 por ciento en sanidad y educación habría que cerrar colegios y hospitales y eso "no lo vamos a hacer", dijo el vicepresidente.

También precisó que el Gobierno de Canarias no puede endeudarse más para hacer frente a la indemnización de Tebeto, porque en 2010 ya se va a alcanzar un déficit del 2,5 por ciento del PIB y porque los mercados de bonos están saturados y no se cubrirían las emisiones de deuda pública, con lo que habría que acudir al mercado bancario.

José Manuel Soria dijo que para hacer frente a la indemnización no habría problemas de tesorería "en estos momentos, pero quizás más adelante sí".

"Por eso utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para llevar al convencimiento" de la justicia de que "la valoración no se corresponde con la realidad y de que haya posibilidad de fraccionamiento" del pago.

El diputado socialista Sergio Roque garantizó que su grupo hará todos los esfuerzos y buscará todos los resquicios para no pagar la indemnización, pero criticó la "estrategia fallida" del Gobierno de Canarias en los tribunales que terminó con el fallo condenatorio.

Ante una reclamación de 92 millones de euros, a la que se han añadido 11 millones de intereses, "hay que pensárselo mucho" antes de basar toda la estrategia en que los derechos de explotación eran nulos, dijo Roque.

José Miguel Barragán, de CC, dijo sin embargo que el Gobierno de Canarias está actuando bien para no pagar o en todo caso que el pago sea fraccionado.

El diputado del PP Manuel Fernández dijo que si se hubiera presentado una alternativa a la tasación de los derechos que planteó el demandante por 92 millones de euros hubiera significado un reconocimiento de ese derecho.