La "Ley de Víctimas" genera polémica en Colombia al considerarse discriminatoria

Bogotá.-  La "Ley de Víctimas" aprobada anoche en el Congreso desató hoy una gran polémica en Colombia al considerar la oposición y los defensores de los derechos humanos que es "discriminatoria" con los afectados por el terrorismo de Estado.

El punto más controvertido es el que plantea que los agentes del Estado pueden ser victimarios, pero esto solo se reconocerá mediante una sentencia judicial previa y siempre que el agente haya cometido el delito en razón del servicio.

A las víctimas que sí reconoce inmediatamente una reparación son aquellas que han sido afectadas por acciones cometidas por las guerrillas o los paramilitares.

El director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, aseguró hoy a Efe que lo aprobado en la Cámara de Representantes está hecho a la medida del Gobierno y no de los miles de afectados durante los casi 50 años de violencia política en Colombia.

El activista confió así en que, durante la conciliación de los textos aprobados en la cámara baja y el Senado, sea rechazada la ley y se proponga otra que cumpla con los criterios internacionales, de lo contrario se demandará ante la Corte Constitucional.

Cepeda, cuyo padre fue asesinado por agentes del Estado en 1994, dijo que esta ley "no consulta a las víctimas, niega sus derechos y fue aprobada de una manera inconstitucional".

El coautor del libro "A las puertas del Ubérrimo", en el que vincula al presidente Álvaro Uribe con el origen del paramilitarismo en Colombia, recordó que el texto aprobado en el Senado tiene diferencias "ostensibles" de principio, forma y en su articulado.

Asimismo, manifestó que "está hecho a la medida del Gobierno, no a la medida de las víctimas".

Por su lado, el congresista del opositor Partido Liberal y ponente de la Ley, Guillermo Rivera, consideró que esta normativa "es excluyente" si se compara a las víctimas del Estado con las de los guerrilleros y paramilitares, quienes recibirán la reparación "18 meses después de ocurridos los hechos".

En declaraciones a Efe, Rivera coincidió con Cepeda en que el texto "discrimina a las víctimas y desconoce los principios internacionales de reparación".

Para Rivera, la forma cómo se aprobó la Ley "fue una salvajada", porque se votaron los más de 160 artículos en una sola ocasión y no por voto nominal a cada una de las iniciativas como había propuesto el Partido Liberal.

En todos los casos, incluidas las víctimas de agentes estatales, la reparación administrativa será de hasta de 19 millones de pesos (unos 9.500 dólares), una parte en dinero y otra en asistencia social.

"Es una mezcla de indemnización pecuniaria con lo asistencial, pues el Estado no se declara culpable sino solidario con las víctimas", subrayó Rivera.

El senador y presidente del también opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), el izquierdista Jaime Dussán, acusó al Gobierno de ejercer "presiones indebidas" sobre los congresistas y consideró que no atiende las necesidades de los familiares de las víctimas.

Por último, la Mesa del Encuentro Nacional de Víctimas, constituida por organizaciones sociales, denunció que el texto aprobado "desconoce los mínimos estándares internacionales y constitucionales" y recordó que la ONU hizo algunas recomendaciones que no se han atendido, así como más de 4.000 víctimas preguntadas.

En medio de la polémica, el presidente Uribe defendió la iniciativa, a falta aún de la conciliación entre las dos cámaras, la sanción presidencial y el control constitucional.

El jefe del Estado recordó que hasta finales de mayo se habían inscrito como víctimas 220.000 personas y que hay un periodo de dos años para que lo hagan quienes se consideren afectados.

"En virtud de un decreto que expedimos hace año y medio, y ahora apoyados en la nueva ley, al final de este mes el Gobierno empezará a pagar el componente monetario de la reparación de víctimas", anunció el presidente.

Guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas del orden han protagonizado durante más de 40 años un conflicto armado en Colombia, en el que la población civil ha resultado la más afectada.