Oviedo.- El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reiterado hoy su intención de llevar a la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades en la gestión de una parcela del polígono industrial de Olloniego y ha acusado al alcalde, Gabino de Lorenzo, de intentar "interferir" en este proceso con el envío del expediente al fiscal jefe de Asturias.
El presidente del PP, Mariano Rajoy (d), saluda al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, antes de participar en mayo pasado en un acto del Partido Popular celebrado en Pamplona. EFE/Archivo
La Junta de Gobierno municipal acordó ayer en una sesión extraordinaria remitir a la fiscalía asturiana el expediente de la parcela de la primera fase del Polígono de Olloniego en cuya tramitación, según el PSOE, se cometieron diversas irregularidades.
Según los socialistas, esta medida supone una "desesperada" reacción deL alcalde al que emplaza a aclarar el papel del concejal de Patrimonio, Iván de Santiago, que incluso participó con voto en la junta de accionistas de una de las sociedades implicadas.
El PSOE confirma que remitirá a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia acerca de la existencia de una trama especulativa que empleó para su beneficio "importantes fondos públicos" y que ya había actuado en otras operaciones como las del fallido spa y geriátrico de La Florida, la urbanización ilegal de San Claudio-La Cruz Santa o el incremento de edificabilidad en Loma del Canto.
En un comunicado, el grupo socialista considera que la convocatoria de una junta de gobierno un domingo por la tarde refleja el "creciente nerviosismo" del alcalde y considera "llamativo" la urgencia con que se celebró la reunión "cuando el enorme cúmulo de ilegalidades de la parcela B-16 se desarrolló impunemente a lo largo de más de cinco años".
A su juicio, De Lorenzo "en lugar de perder el tiempo en el diseño de estrategias exculpatorias" debería investigar por qué se detectan falsedades en los informes municipales o aclarar el papel de De Santiago, "por un lado concejal de Patrimonio y por otro abogado de los socios que forman parte del entramado".
La concejala socialista Carmen Caballero había acusado al concejal de Patrimonio de estar "al frente de las operaciones" de estas supuestas irregularidades después de que el equipo de gobierno anulara la adjudicación de la parcela a la empresa Urvisa, que pagó 432.998 euros, para que los terrenos reviertan al Ayuntamiento.
Según el PSOE, los "errores" aludidos por el equipo de gobierno responden "a una trama" urdida con la colaboración de técnicos municipales y de concejales del equipo de gobierno para lograr un beneficio económico con la venta de las 17 naves construidas en la parcela, que tendrían un valor de 6,5 millones de euros, y de las que cinco ya están ocupadas por otras tantas empresas.
Según el PSOE, aunque el pliego de condiciones establecía que el terreno no se podía vender, la sociedad adjudicataria, Urvisa, lo traspasó a Bitácora 2002 en el año 2006 a través de una operación en la que De Santiago actuó como representante legal de una de las propietarias de la parcela.
Las parcelas, según los socialistas, fueron cambiando de propietarios hasta quedar en manos de otras empresas como SADE, adjudicataria en su momento del spa de La Florida, y en la que Iván de Santiago figuraba como apoderado, según los socialistas.
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