Santander.- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander relativa al área de Nueva Montaña y al cómputo de los espacios libres de unas viviendas protegidas, porque vulneró la tramitación establecida para su aprobación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander relativa al área de Nueva Montaña y al cómputo de los espacios libres de unas viviendas protegidas. En la imagen, un bloque de pisos. EFE/Archivo
Este fallo del TSJC se produce tras el recurso de un particular contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) que aprobó esa modificación, porque se obviaron los trámites de aprobación inicial y provisional e información pública.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC reconoce que se ha vulnerado el procedimiento legalmente establecido para esta modificación del PGOU, que tiene "gran importancia" y conlleva, "necesariamente", que se siga la tramitación establecida para su aprobación.
Destaca que, de acuerdo con la legislación autonómica, las modificaciones de planeamiento deben seguir la misma regulación y un procedimiento idéntico que en el caso de su aprobación.
El TSJC explica que, según la Administración, en la modificación del PGOU de Santander se disminuye la edificabilidad, aunque aumenta la densidad de población y la superficie para espacios libres, mientras se mantienen los equipamientos previstos.
"Todo este contenido que se pretende que quede como instrumento de planeamiento que variará el Plan General de Ordenación Urbana de Santander conlleva necesariamente que se siga el procedimiento y la tramitación de la modificación del PGOU sin ser susceptible de adaptarla a través de la sola aprobación definitiva", recalca el tribunal.
El Tribunal Supremo anuló en 2005 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander que en su día permitió construir unas viviendas sociales por no contar con suficientes espacios libres de titularidad pública.
Tras conocerse esa sentencia, el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria corrigieron la deficiencia detectada por el Supremo con una nueva modificación puntual de planeamiento para convertir los espacios libres de titularidad privada con que cuentan esas viviendas en espacios de titularidad pública.
El TSJC explica ahora que en ese momento el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria vieron "innecesaria" toda la tramitación correspondiente a la modificación del plan general, con el argumento de que únicamente se trataba de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, una tesis que ahora se ha rechazado.
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