Lugo atribuye a guerra sucia amenazas de bombas registradas en Asunción

Asunción.-  El presidente paraguayo, Fernando Lugo, atribuyó hoy a una "guerra sucia" las amenazas de bomba reportadas hoy en Asunción, así como el estallido de un artefacto en la sede del Poder Judicial, la semana pasada.

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(EFE)

"Creemos que esto forma parte de una guerra sucia, sicológica", afirmó el jefe de Estado a los periodistas. EFE/Archivo

"Creemos que esto forma parte de una guerra sucia, sicológica", afirmó el jefe de Estado a los periodistas, al anunciar que "se va hacer un estudio exhaustivo de las características" de las últimas amenazas que movilizaron a los organismos de seguridad.

La Policía Nacional retiró hoy de la sede de un centro comercial de Asunción un artefacto que posteriormente fue inutilizado por grupos de artificieros de ese organismo, sin que de momento se determine si realmente se trataba de explosivo.

Al mismo tiempo, al menos dos instituciones públicas de Asunción reportaron amenazas de bomba que después fueron declaradas falsas por las autoridades.

"Hay grupos que desean crear confusión, (para), que el proceso democrático no siga su curso normal", aseveró Lugo, mientras que el ministro de Interior, Rafael Filizzola, advirtió que el Gobierno "va a actuar con la debida firmeza a los efectos de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos".

"Hasta el momento lo que podemos decir es que se trata de un artefacto sospechoso con característica de un artefacto explosivo", apuntó Filizzola, al recordar que cuando se produjo el estallido en la sede del Poder Judicial el Gobierno dijo que "podía ser el inicio de una escalada".

"Me reafirmo en eso", subrayó.

El 29 de abril pasado un artefacto dejado en una bolsa en uno de los baños del subsuelo del edificio de los tribunales estalló en los jardines poco después de ser depositado en el lugar por un agente tras ser advertido del hallazgo por una limpiadora.

Filizzola reiteró hoy que no hay indicios que apunten a la presunta implicación en esos actos de un grupo armado, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se atribuyó el hecho en un panfleto dejado en una cabina telefónica situada cerca del edificio del Poder Judicial.

Anteriormente, el EPP se había atribuido el ataque y robo de armas de un puesto militar de Tacuatí, en el departamento (provincia) de San Pedro y el ataque a una hacienda de la misma región, lo que motivó un despliegue de las Fuerzas Armadas y de grupos especiales de la Policía.

Dos de sus presuntos miembros, Carmen Villaba y su esposo Alcides Oviedo, se adjudicaron esos hechos desde sus lugares de reclusión, calificaron de "traidor" a Lugo y anunciaron el inicio de una serie de ataques contra objetivos del Estado.

Tanto Oviedo como Villalba están condenados por el secuestro en 2001 de la esposa de un acaudalado empresario del sector de la construcción.