El desempleo hace temer una gran afluencia de temporeros en la campaña de la fruta

Zaragoza.-  El creciente desempleo generado por la crisis económica, junto con el fin de la moratoria para la contratación de rumanos y búlgaros, hace temer una excesiva afluencia de personas a los distintos municipios aragoneses en busca de un puesto de trabajo en la campaña de la fruta de este año.

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(EFE)

El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández. EFE/Archivo

Así lo han expuesto representantes sindicales y de la administración en la Mesa General de Inmigración, que hoy se ha reunido para hacer un seguimiento de los preparativos de la campaña de recogida de la fruta que se desarrollará en primavera y verano.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, ha explicado que este año previsiblemente habrá nuevos desempleados, sobre todo procedentes del sector de la construcción, que querrán acudir a la campaña de recogida de fruta, tal y como han advertido los sindicatos.

A ello, ha recordado, hay que añadir la finalización de la moratoria de dos años para la contratación de ciudadanos rumanos y búlgaros, lo que puede generar una mayor afluencia de personas a los municipios aragoneses en busca de un puesto de trabajo en la recogida de fruta.

Fernández ha remarcado que se organizarán "todas las reuniones que hagan falta" para detectar y tratar de solucionar, entre los empresarios, los sindicatos y los representantes de las tres administraciones, las incidencia que puedan surgir al respecto.

El delegado del Gobierno ha avanzado que, para paliar una posible mayor llegada de personas en busca de empleo, podrían estudiarse nuevas formas de contratación con el fin de repartir el volumen de trabajo entre el mayor número de temporeros, aunque ha remarcado que se trata de medidas que habría que pactar con los empresarios y agricultores.

El secretario general de UAGA, Javier Sánchez, ha precisado que aún es pronto para prever la mano de obra que será necesaria para la campaña de fruta de este año, aunque en años anteriores se ha contratado a entre 10.000 y 13.000 personas, una cifra que varía en función de la producción.

Ha admitido que "todos estamos preocupados por la incidencia que pueda tener la crisis", aunque ha matizado que todavía es una "incógnita" en qué medida se va a incrementar la demanda de empleo y ha recordado que en el extranjero ya ha llegado la idea de que "Europa y España están en crisis y no hay tantas facilidades y puestos de trabajo para todos".

Sánchez, quien ha reiterado que para los pequeños y medianos agricultores "siempre es un problema tener mano de obra legal", ha valorado las reuniones coordinadas por la Delegación del Gobierno y ha asegurado que Aragón es un "ejemplo en los planteamientos y las reacciones ante los problemas que se desarrollan en cada campaña".

El responsable de UAGA ha resaltado que, al contrario que otras áreas de actividad", el empleo agrario no ha bajado, lo que convierte al sector en "clave y estratégico" en la crisis.

Martín Llanas, representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas, ha reconocido que los alcaldes están "preocupados por la incidencia de la crisis en la presencia de inmigrantes y nacionales en los distintos municipios".

Ha advertido de que los municipios solicitarán a la Delegación del Gobierno el "desalojo inmediato" de los asentamientos ilegales de temporeros, dados los "problemas de carácter humano, de insalubridad y de sensación de inseguridad para los vecinos" que generan.

Martín Llanas también ha querido alejar la "imagen de negreros" que a veces tienen los agricultores, al afirmar que "desde hace años están haciendo las cosas muy bien y son muy legales en la contratación".

En representación del Gobierno de Aragón, el director general de Inmigración, Pedro Coduras, ha incidido en el apoyo que se presta tanto a agricultores y empresarios como a los alcaldes y responsables comarcales, y el esfuerzo realizado en los servicios sociales comunitarios.

Como novedad de este año, Coduras ha apuntado que el Ejecutivo autonómico va a adelantar las ayudas que se conceden a las comarcas, por importe de 1,5 millones de euros, así como reformar la Orden de subvenciones para alojamientos para permitir el alquiler de prefabricados.