La ONU destaca los avances sociales en Bolivia pero critica la violencia política

La Paz.-  El informe sobre la situación en Bolivia de los Derechos Humanos, divulgado hoy por la oficina de Naciones Unidas en La Paz, destacó los avances sociales impulsados por el Gobierno de Evo Morales, pero criticó los episodios de violencia política.

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(EFE)

Mujeres aimaras durante una protesta en los alrededores de la cárcel de San Pedro, en La Paz (Bolivia) donde se encuentra recluído el ex prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, el canadiense Denis Racicot, presentó el documento en el que se elogiaron las medidas del Gobierno en materia de permanencia escolar, protección a la vejez, alfabetización y lucha contra la desnutrición.

Racicot mencionó expresamente los cuatro programas que el Ejecutivo del izquierdista Morales ha puesto en marcha en esos ámbitos.

El informe también señaló entre los elementos positivos "las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el racismo, la discriminación y la servidumbre, tres de los principales flagelos que afectan a la población indígena del país".

En ese sentido, reconoció "como un gesto muy positivo la aprobación de la recién proclamada declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como ley".

Sin embargo, Racicot destacó entre las preocupaciones de su oficina los episodios de "violencia política vivida en diferentes departamentos del país con la irrupción de numerosos grupos de choque".

Entre esos grupos, El alto comisionado de la ONU señaló a quienes "apoyaron violentamente las posiciones de las prefecturas y movimientos cívicos o autonómicos", además de "algunos grupos que respaldan al Gobierno".

También calificó de "graves violaciones a los Derechos Humanos" los "ataques racistas sufridos por aproximadamente 30 indígenas el 24 de mayo en Sucre", en el sur del país.

Otra "especial preocupación" fue "la masacre de campesinos en el departamento de Pando que ocurrió el 11 de septiembre en el marco de la espiral de violencia protagonizada por las protestas de las prefecturas autonomistas".

Sobre esos hechos, la oficina de Racicot presentó un informe específico en el que responsabiliza a la oposición autonomista de esa "masacre", que consideró como "la más grave violación de los Derechos Humanos ocurrida en 2008".

El canadiense mostró igualmente la "inquietud" de su oficina por "el alto número de atropellos y amenazas sufridos por periodistas y medios de comunicación", entre ellos "los señalamientos hechos desde el Gobierno contra los medios y sus trabajadores".

El propio presidente Morales ha señalado a los medios críticos con su gestión como instrumentos de la oposición y representantes de la oligarquía, lo que ha impulsado a algunos de sus seguidores a agredir a algunos informadores.

El informe de la ONU, sin embargo, también denunció "la difusión de información tendenciosa y la incitación a la violencia política o racial en la que incurrieron algunos medios privados".