Jartum.- El Gobierno de Sudán anunció que no entregará al presidente, Omar Hasan al Bachir, a la Corte Penal Internacional (CPI), que hoy emitió una orden de arresto en su contra, tras lo que, en represalia, Jartum expulsó a diez organizaciones extranjeras de Darfur.
El presidente de Sudán, Omar Al Bachir, durante una ceremonia de graduación celebrada hoy en Jartum.
En declaraciones a los periodistas en Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, rechazó la resolución de la CPI, que calificó de "decisión política".
Esta reacción se producía minutos después de que la CPI, con sede en La Haya, emitiera una orden de detención contra Al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, en el oeste de Sudán, y desestimara el cargo de genocidio
Sedrat insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer, porque este tribunal "no tiene competencia ni poderes en Sudán" y añadió que "el presidente Al Bachir continuará sus labores de forma habitual".
De hecho, el presidente sudanés acudió hoy a un acto en la región de Karrai, en el norte de la ciudad de Om Dormán, vecina a Jartum, para celebrar la graduación de nuevos pilotos militares.
Mañana está previsto que pronuncie un discurso donde se espera que dé su opinión sobre la decisión del CPI.
Sin embargo, la reacción del régimen de Jartum no se limitó a meras palabras, ya que también decidió expulsar a diez organizaciones de asistencia extranjeras de Darfur -estadounidenses, británicas, francesas y noruegas- e inhabilitar a dos sudanesas.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran Médicos Sin Fronteras (que ya ha confirmado la evacuación de su personal internacional en Darfur), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, Care International y Asistencia Internacional.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Sociales sudanés, esta medida se tomó por la existencia de pruebas que "indican que esas organizaciones han colaborado con la CPI, mediante acuerdos de cooperación".
Entretanto, miles de sudaneses se concentraron en el centro de Jartum, frente a la sede del Consejo de Ministros, para expresar su respaldo a su presidente.
En medio de estrictas medidas de seguridad, los manifestantes, que portaban fotografías del jefe del Estado, corearon eslóganes como "Continúa, continúa Bachir. Estamos contigo, guía", y criticaron la postura de los países occidentales, sobre todo, de EEUU.
Fuera de Sudán, los países árabes mostraron su apoyo a Al Bachir: así, al término de una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores para tratar el tema, la Liga Árabe expresó en el comunicado final su "fuerte descontento" por la orden de arresto y adelantó que mandará una delegación al Consejo de Seguridad de la ONU para retrasar su ejecución.
El artículo 16 del Estatuto de Roma, que instituyó la CPI el 17 de julio de 1998, reconoce el derecho del Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir para suspender la emisión de cualquier orden de arresto o cancelarla en caso de que se dicte.
Además, la organización panárabe, con sede en El Cairo, señaló que continuará los esfuerzos con otras instituciones internacionales como la Unión Africana, la Organización de la Conferencia Islámica y la de los Países No Alineados para afrontar las consecuencias de la decisión del tribunal.
También desde la capital egipcia, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores sudanés, Ali Karti, anunció que Al Bachir asistirá a finales de marzo a la cumbre árabe de Doha, a pesar de la resolución de la CPI.
"El presidente sudanés continuará con sus funciones oficiales de manera normal, como si nada hubiese ocurrido, por lo que participará en la próxima cumbre árabe de Doha", los próximos días 30 y 31, dijo Karti.
Qatar es uno de los diecinueve miembros de la Liga Árabe que no han reconocido a la CPI, a la que en el seno de la organización panárabe únicamente reconocen Yibuti, Comoras y Jordania.
Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán desde el golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.
El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
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