La CPI ordena la detención del presidente de Sudán por crímenes en Darfur

PARÍS.-  La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, por presuntos crímenes de guerra en la región de Darfur (oeste), según anunció hoy la secretaria judicial del propio tribunal, Silvana Arbia, en rueda de prensa. La Corte se ha pronunciado a solicitud de su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, quien este mismo martes aseguró que tiene "pruebas abundantes" contra Al Bashir.

ASMAA WAGUIH (REUTERS)

Se ha ordenado la detención de Omar Al Bachir.

Mientras, desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, asegura que su país no entregará a al Bashir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Camara Preliminar número 1 había emitió hoy una orden para su arresto.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje. La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bashir de destruir a una parte de la población, según explicó Blairon.

Sin embargo, la portavoz especificó que la fiscalía puede presentar "materiales adicionales" para que puedan modificarse los cargos aceptados hoy por los jueces y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior. El cargo de genocidio necesita que haya "una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población", puntualizó Blairon.

La CPI pedirá la "cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado" para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bashir. La jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención "depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar".

Evacuación de los cooperantes

La decisión ha desatado la incertidumbre en el país. Tanto es así que las autoridades han ordenado la evacuación de los cooperantes residentes en el país, según ha explicado la organización Médicos Sin Fronteras. Las razón esgrimida por el Gobierno sudanés para justificar esta decisión es la de que no puede garantizar la seguridad de los trabajadores internacionales de MSF ante el anuncio de la Corte.

MSF precisa en un comunicado que las autoridades sudanesas le exigieron que sacase de esas zonas a todos los trabajadores humanitarios de "un cierto número de programas" y le dieron como plazo "el 4 de marzo a más tardar".

La organización humanitaria recuerda que es una asociación "totalmente independiente" de la CPI, que no coopera con ese tribunal y no le proporciona ningún tipo de información. "Es crucial que la asistencia humanitaria siga siendo independiente e imparcial para proporcionar ayuda médica vital a las poblaciones que la necesitan", agrega.

También las Naciones Unidas han pedido a las autoridades sudanesas que garanticen la seguridad de su personal sobre el terreno. Su secretario general, Ban Ki Moon, "insta al Gobierno de Sudán a seguir cooperando con las agencias de la ONU y los cooperantes, al tiempo que cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de la población civil, el personal y la propiedad de la ONU y la de los cooperantes", dijo en una declaración la portavoz de la ONU, Marie Okabe.

Al Bashir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto. Su política, ha estado muy ligada al islamismo radical. Se le ha llegado a acusar de dar cobijo a Bin Laden antes del 11 de Septiembre.

La guerra civil que asola el país desde hace casi tres décadas, y que ha dejado cerca de dos millones de muertos, se intensificó en 2003 cuando un grupo de rebeldes procedentes de la región sureña de Darfur se levantaron en armas, siendo brutalmente sofocados por el Ejército nacional. Las organizaciones internacionales cifran en 300.000 los muertos en menos de dos años.

La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, que es el año en que entró en vigor el Estatuto de Roma, que forma la base del funcionamiento de esta corte.