Los consejeros de las comunidades exigen registros judiciales compatibles con los de las autonomías

Barcelona.-  Los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en Justicia han reclamado hoy la compatibilidad de los registros judiciales centrales y los distintos sistemas informáticos utilizados en cada territorio, para garantizar que la información pueda ser compartida a nivel estatal.

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(EFE)

Los consejeros de Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla; Navarra, Javier Caballero Martínez; Euskadi, Joseba Azkarraga; Asturias, María José Ramos; Canarias, Miguel Ruano León; Cataluña, Monserrat Tura; Aragón, Rogelio Silva Gayoso; Galicia, José Luis Méndez Romeu, y los representantes de Valencia, Patricia Montagudo; y Madrid González Quiroga (i a d), durante las jornadas celebradas en Barcelona en las que se ha debatido sobre justicia gratuita.

Con la excepción de Andalucía, consejeros y directores generales de las otras diez comunidades autónomas con competencias en Justicia -Asturias, Aragón, País Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia y Madrid- se han reunido hoy en Barcelona en una comisión de coordinación.

En dicha reunión, convocada antes del anuncio de movilizaciones de los jueces y a la que las consejerías de Madrid y Valencia han enviado al director general y la secretaria autonómica, respectivamente, se ha aprobado por unanimidad un comunicado que exige medidas para descongestionar la administración de justicia y garantizar que funcione de forma más coordinada.

Concretamente, el documento reclama que los registros informáticos con datos de penados y procesos judiciales que está creando el Ministerio de Justicia sean compatibles con los distintos bancos de datos que se utilizan en cada comunidad autónoma, y que ahora no permiten intercambiarse información.

Según ha explicado la consellera catalana de Justicia, Montserrat Tura, los bancos de datos creados por el Ministerio, como el Registro Central de Penados y Rebeldes que entró en funcionamiento esta semana, "deben poder ser alimentados" desde los distintos tipos de programas de las comunidades.

"O existe compatibilidad entre los registros del Ministerio y de las comunidades autónomas o el trabajo no va a salir", ha advertido Tura, tras subrayar que el nivel de informatización de las distintas comunidades con competencias "es desigual, pero tampoco es nulo".

A la nueva aplicación informática del Registro Central de Penados y Rebeldes, que permite a los jueces conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados, se unirá próximamente el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes.

Las conclusiones de la comisión de coordinación proponen también reformas procesales destinadas a descongestionar la Justicia, entre ellas que las reclamaciones de pequeña cantidad puedan ser solventadas en el ámbito administrativo o que se promueva la mediación en la resolución de conflictos.

Otros asuntos que, en opinión de los consejeros, deberían quedar desvinculados de la administración de Justicia es la gestión de los Registros Civiles, así como algunos procesos concursales porque, en opinión de Montserrat Tura, el colapso persistirá "si todo sigue cayendo sobre la mesa del juez".

También plantean los consejeros reformas legislativas que limiten el acceso a la justicia gratuita, para garantizar que no sea utilizada por personas con recursos para costearse un abogado, y obliguen a los beneficiarios a ratificar su interés por seguir en la causa en cada una de las fases del proceso judicial.

Así se evitarían, por ejemplo, los numerosos casos de extranjeros "sin papeles" que recurren a la Justicia gratuita para evitar ser expulsados y cuyos letrados siguen con las acciones legales incluso cuando el cliente ha abandonado el país, ha aclarado Tura.

El documento aprobado por los consejeros exige profundizar en el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, especialmente en materia de personal, y convocar de forma "inmediata" una comisión en la que participe el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas para reformar la administración de Justicia.

En dicha comisión, que hace años que no se reúne y que coincidiría con las movilizaciones de jueces, las comunidades pretenden hacer oír su voz de cara a las reformas judiciales que están sobre la mesa.