Castilla y León esperará el pronunciamiento del Tibunal Superior de Justicia para el regreso de 138 alumnos objetores

Valladolid.-  Castilla y León esperará al pronunciamiento definitivo del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma para formalizar el regreso a las aulas de los 138 alumnos que, dentro de su territorio educativo, han objetado de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).

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(EFE)

El consejero de Educación, Juan José Mateos. EFE/Archivo

"Es de esperar que la sentencia del Tribunal Supremo, conocida hoy, siente jurisprudencia" y por tanto que las instancias judiciales autonómicas "se pronuncien en la misma línea de desestimar el derecho a la objeción de conciencia", ha declarado esta tarde en una rueda de prensa el consejero de Educación, Juan José Mateos.

Eso significa, según el consejero, que los estudiantes objetores "volverán a sus clases y espero que lo hagan con normalidad, para recuperar el tiempo perdido", ya que el propio sistema educativo "es capaz de tomar las medidas necesarias para ello".

Ha referido Mateos, entre otras soluciones, la recuperación de clases mediante la habilitación de horas extraordinarias, una asistencia tutorial más intensa e individualizada y el encargo de trabajos específicos.

"Comparto la desazón de las familias afectadas y las discrepancias de orden moral que han manifestado hacia Educación para la Ciudadanía. Estamos con ellos", ha agregado antes de recordar que el decreto que regula en Castilla y León la materia objeto de la polémica "aún permanece vigente" y que "garantiza por sí su impartición neutral" al margen de las "polémicas en que se halla inmersa la comunidad educativa por esa cuestión.

Cuando se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "acataremos su sentencia", ha advertido el consejero antes de reflexionar cómo la polémica suscitada en la comunidad educativa con la EpC, y su definitiva sustanciación mediante una vía judicial que se ha agotado hasta llegar al Tribunal Supremo, "pone de manifiesto que, como mínimo, la asignatura debería haber sido optativa".

Por otra parte, ha agregado Mateos, la materia "no incide en los problemas más importantes y graves de la educación en España y que tienen que ver con los resultados académicos, los conocimientos y la convivencia en nuestras aulas".

"Hace tiempo apostamos por la concordia, por el consenso que debería presidir la actuación del Gobierno central a la hora de atender a las familias que han disentido de sus opiniones y a las que ha obligado a usar la vía judicial", ha dicho el consejero no sin advertir que tan sólo ha conocido el resultado y no el contenido de una sentencia que ha definido como "muy compleja", que "ha dividido" a los magistrados y que "va a tener muchos matices".

Ha justificado su aseveración en los votos de siete magistrados a favor de las tesis de los alumnos objetores, frente a los veintidós que no han reconocido ese derecho, así como en las veinte horas de deliberación, distribuidas en tres jornadas, que han necesitado hasta alcanzar el fallo definitivo.

"Alguna razón habrá para que una asignatura haya deteriorado de una forma tan intensa" a la convivencia escolar, ha manifestado antes de insistir en que a los estudiantes afectados "se les va a respetar en los colegios por parte de los profesores y de los claustros".