BUENOS AIRES.- Mientras que España y Argentina se jugaban la Copa Davis en la pista de tenis, el gobierno del país Latinoamericano mantenía otro duelo con una empresa española. La presidenta argentina ha tomado la decisión de encargar a la Justicia intervenir Aerolíneas Argentinas (AA), la empresa perteneciente al grupo español Marsans. No se sabe muy bien si se trata de una 'rabieta' de Cristina Fernández en respuesta a la carta que envió Marsans al gobierno argentino pero, la decisión supone el primer paso de la nacionalización de la aerolínea.
La historia no empieza por la intervención de la justicia sino que viene de más atrás. Unas horas antes, Marsans había dado un ultimátum al Gobierno argentino para acordar, en el plazo de una semana, una solución "amistosa y confiable" sobre la controversia a AA. Si no llegaban a un acuerdo, Marsans amenazaba con acudir a un tribunal internacional. El grupo español tenía la intención de demandar a Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
Ante esa 'amenaza', la presidenta argentina ha sido clara: ha ordenado a la Justicia intevenir la empresa. El mismo secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, se ha hecho presente en la sede corporativa de la línea aérea para notificar la medida judicial.
Sin embargo, muchos temen que éste sea el primer paso para la nacionalización de la compañía, como refleja la prensa argentina. El diario Clarín dice que esta decisión "permitirá al Estado seguir manejando la compañía hasta que, tal como recomendó el Congreso, sea expropiada". Y es que, una comisión bicameral recomendó el miércoles al Congreso debatir una ley para expropiar Aerolíneas, algo que, según La Nación —citando fuentes legislativas— saldrá aprobado en las dos Cámaras después de que se tramite la semana que viene.
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.
Esta disputa entre Marsans y el Gobierno Argentino deja en una situación delicada a las compañías españolas que operan en el país como Resol y BBVA.
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