El Gobierno peruano propone una sala especializada en delitos contra los periodistas

Lima.-  El viceministro peruano de Justicia, Erasmo Reyna, sugirió hoy que cada corte judicial superior tenga una sala dedicada específicamente a los delitos y crímenes cometidos contra los periodistas.

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(EFE)

En Perú hay 144 diarios y revistas, 2.230 estaciones de radio y 1.000 estaciones de televisión a nivel nacional, lo que significa una presencia masiva de los medios de comunicación en cada ciudad del país.

Durante el foro "Libertad de expresión y democracia en el Perú" organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reyna declaró que los periodistas sufren de intimidación, amenazas y atentados contra sus vidas, a raíz de su trabajo de denuncia de los actos de corrupción por parte de las autoridades locales.

Según cifras de la SIP, en los últimos 20 años hubo 19 periodistas asesinados en Perú, de un total de 344 en América Latina, pero en cinco de esos casos se ha logrado sentenciar a 11 responsables de los delitos.

El viceministro de Justicia afirmó que los hombres de prensa son los "mejores aliados" de los procuradores del Estado y la justicia en general por su permanente labor de fiscalización que "viene causando escozor" en los denunciados.

Reyna reseñó que en Perú hay 144 diarios y revistas, 2.230 estaciones de radio y 1.000 estaciones de televisión a nivel nacional, lo que significa una presencia masiva de los medios de comunicación en cada ciudad del país.

Por su parte, el legislador opositor Raúl Castro Stagnaro, integrante de la Comisión de Justicia del Parlamento, planteó una reforma de los códigos penales en lo referente a los delitos cometidos contra periodistas para que se evite la prescripción de los casos.

Asimismo, propuso el establecimiento de "subtipos penales" que sancionen la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de periodistas en el ejercicio de su trabajo.

El presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón, afirmó que Perú ha presentado avances en la defensa de la libertad de prensa y expresión, pues en la actualidad hay once personas sentenciadas por los asesinatos de cinco periodistas.

Esos periodistas fueron Miguel Pérez Julca en la ciudad de Jaén el año pasado, de Alberto Rivera y Antonio La Torre en Pucallpa y en Ancash en 2004, y de Hugo Bustíos y Jaime Ayala en Ayacucho en 1988 y 1984, respectivamente.

El directivo de la SIP precisó que esos 11 procesados en Perú forman parte de las 87 personas que están cumpliendo cárcel en América por matar a periodistas.

En opinión del director de Libertad de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti, su entidad no espera privilegios legales para los periodistas, tras escuchar la propuesta de creación de salas especializadas, sino detener la violencia contra los periodistas.

Como un ejemplo de esta postura, Trotti mencionó que el agravamiento de penas ya es efectivo en el código penal de Colombia desde 2001, con un incremento de cinco años de prisión a los crímenes contra periodistas.

Al término del foro, el presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez Quesquén, firmó la declaración de Chapultepec, junto a los representantes de todas las bancadas parlamentarias y de la SIP.

La referida declaración, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, señaló, entre sus 10 puntos, que "nadie puede restringir o negar" los derechos a buscar y recibir información.

De igual forma, precisó que las autoridades están obligadas a poner a disposición de los ciudadanos la información generada por el sector público.

Velásquez Quesquén aclaró, en la rueda de preguntas, que esa información oficial también tiene restricciones cuando se trata de asuntos de seguridad del Estado o de los servicios de inteligencia, lo cual está previsto en la ley de transparencia de acceso a la información.