Barcelona.- Los consejeros de Economía de Cataluña y Galicia, Antoni Castells y José Ramón Fernández, respectivamente, han coincidido hoy en la necesidad de revisar el modelo de financiación autonómica "desde el consenso", aunque han evidenciado sus divergencias sobre cómo calcular el gasto de cada comunidad.
El consejero de Economía de Galicia, José Ramón Fernández (d), durante la reunión que mantuvo hoy en Barcelona con su homólogo catalán, Antoni Castells.
Los socialistas Castells y Fernández han mantenido hoy una comida de trabajo en la sede del Departamento de Economía, coincidiendo con la participación de ambos en un curso sobre la reforma del modelo de financiación organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que también ha intervenido el consejero madrileño, Antonio Beteta (PP).
El almuerzo, "muy provechoso", según Castells, ha servido a los responsables de Economía de Cataluña y Galicia para compartir sus puntos de vista sobre la necesidad de elaborar un nuevo modelo de financiación que dote de más recursos a las comunidades autónomas.
En una rueda de prensa posterior al encuentro, Castells ha señalado que este nuevo sistema tendría que garantizar la suficiencia relativa del conjunto de comunidades, darles "la llave" de sus ingresos y prever los mecanismos de actualización adecuados, según las necesidades de cada momento.
Fernández ha compartido estos argumentos y ha recordado, además, que las comunidades autónomas son las responsables de prestar los principales servicios públicos a la ciudadanía, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, lo que hace necesario también revisar la distribución vertical de los recursos públicos.
El principal punto de divergencia de la Xunta y la Generalitat radica en el cálculo de las necesidades de gasto del nuevo modelo financiero.
Galicia mantiene que elementos como la dispersión territorial y el envejecimiento de su población elevan el coste de la prestación de los servicios y, por lo tanto, deberían tenerse en cuenta a la hora de efectuar el repartimiento de los recursos públicos.
Cataluña, en cambio, quiere que en el cálculo de las necesidades de gasto del nuevo sistema prime la población, teniendo en cuenta la inmigración, y que la solidaridad garantice los mismos recursos por persona para educación, sanidad y servicios sociales.
Tanto Castells como Fernández, no obstante, se han mostrado convencidos de que finalmente se alcanzará un modelo financiero óptimo para todas las comunidades y con el máximo consenso posible.
"Forma parte de la lógica que cada comunidad autónoma ponga encima de la mesa aquellos indicadores que más le afectan. Hay que combinar una sabia capacidad para alcanzar el equilibrio en intereses contrapuestos (...). Hay que ver de qué forma todos estos factores juntos pueden dar lugar a un resultado", ha subrayado Antoni Castells.
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