Bogotá.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Vani Pillay, dijo hoy en Bogotá que las ejecuciones extrajudiciales pueden ser consideradas delito de lesa humanidad, al tiempo que pidió la libertad "sin condiciones" para todos los secuestrados en Colombia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se dirige a la prensa para comunicar sus impresiones tras la visita de una semana que ha adelantado a este país.
La Alta Comisionada, que finalizó hoy una visita oficial a Colombia, explicó que la ejecución extrajudicial se "convierte en delito de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población".
Alentó para que sean las autoridades las "que investiguen estos crímenes y persigan a los autores".
Un informe presentado en el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", organizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, colectivo integrado por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), daba cuenta de 535 casos de ejecución extrajudicial en Colombia del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008.
Esa cifra supone, un promedio de una víctima diaria, y de ellas el 58 por ciento eran menores de 30 años. El documento indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues se le atribuye el 93,7 por ciento de los casos.
La divulgación de estos datos coincidió con el anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de retirar del servicio a 27 oficiales, entre ellos tres generales, por la desaparición de 20 jóvenes que habían sido dados por muertos en combate, cuando, al parecer, fueron reclutados y ejecutados extrajudicialmente.
De otro lado, Navi Pillay pidió nuevamente a los grupos armados al margen de la ley liberar inmediatamente y "sin condiciones" a todos los secuestrados que tengan en su poder.
"Quiero reiterar la posición de las Naciones Unidas según la cual todos los rehenes deben ser liberados de manera inmediata y sin condiciones", dijo la funcionaria, que durante su visita de ocho días se reunió con el presidente Álvaro Uribe, otros funcionarios del Estado y representantes de ONG.
"La toma de rehenes, en las personas que son mantenidas en las condiciones más inhumanas, realizadas en forma sistemática, prolongada y generalizada, puede ser considerada un crimen contra la humanidad", dijo Pillay.
La Comisionada pidió que la liberación y las fugas de "rehenes de alto perfil" no haga olvidar "el caso de todos los otros rehenes", al tiempo que se mostró muy complacida por el regreso a la libertad del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, que tras más de ocho años de secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) huyó junto con su carcelero.
La Alta Comisionada también expresó su satisfacción porque sus interlocutores en Colombia, incluido el Gobierno, hayan reconocido los beneficios de su Oficina en el país.
"La comunidad internacional debería seguir asistiendo a Colombia en temas de promoción y protección de los derechos humanos", dijo, y señaló que un ejercicio de revisión en esta materia puede hacerlo el Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá en Ginebra el próximo 10 de diciembre.
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