Los disturbios en Perú responden a reivindicaciones sobre todo regionales

Lima.-  La nueva oleada de disturbios que ha encendido la alarma en Perú busca, fundamentalmente, conquistar reivindicaciones locales, antes que cambios drásticos en la forma de gobierno del país.

Las movilizaciones de los últimos días en localidades como la sureña Moquegua, la norteña Nuevo Cajamarca y la andina Cuzco han llevado nuevamente al primer plano la fragilidad del sistema de regionalización y la exigencia de los pobladores del interior de recibir los mismos beneficios que se han dado en la capital.

Por este motivo, las protestas, a pesar de su impacto mediático, se restringen a zonas específicas de algunas de las 25 regiones peruanas, con pedidos como la mejora en la distribución del canon minero, el rechazo a la construcción de una hidroeléctrica o el pedido de obras de infraestructura.

Aunque las manifestaciones se iniciaron hace una semana, el desborde se presentó a partir del martes último, con bloqueos de carreteras, ataques a locales públicos y choques con la policía que han dejado decenas de heridos, algunos de ellos por arma de fuego.

Muchos analistas consideran que estas protestas se originan en la mala distribución de los recursos económicos entregados a las regiones, abundantes hasta antes de la reciente crisis económica internacional.

Los presidentes regionales atribuyen esto a las grandes trabas burocráticas que ha establecido el Gobierno central que es, teóricamente, el mayor promotor de la descentralización de los recursos.

Otros recuerdan, sin embargo, que estas exigencias se originaron en el dispendio en que cayeron muchos gobiernos regionales y locales al verse con abundante dinero en sus arcas y con pocas ideas para darle un buen uso.

Hasta hace pocos años, en muchos pueblos del interior, algunos de ellos bajo el umbral de la pobreza, los ayuntamientos gastaron el dinero en colosales monumentos, estadios que sobrepasaban en aforo a los habitantes de sus localidades o piscinas en lugares que carecen de agua potable.

La retracción en las inversiones, en un país que este año puede llegar a crecer en 9 por ciento, ha llevado a muchos movimientos regionales a tomar las banderas de las reivindicaciones violentas para presionar el Ejecutivo y al Parlamento a que acepten sus demandas.

En Moquegua, por ejemplo, los pobladores iniciaron el lunes una paralización para que el Congreso someta a votación un acuerdo de junio pasado que plantea una redistribución más equitativa del canon minero que comparte con la región vecina de Tacna.

Ese impuesto que abona al Estado la minera Southern Cooper, de capital mexicano y que explota cobre en ambas regiones, ha estado en los últimos meses en el centro del debate, porque los tacneños se oponen a cualquier cambio en el sistema actual.

Difícil disyuntiva la que tendrá que afrontar mañana el Congreso, ya que Tacna amenaza con levantarse si se les recorta el canon para entregárselo a su vecino regional.

Esto permite ver las fisuras en una regionalización que ha consistido en poco más que un maquillaje nominal de los tradicionales departamentos, que mantienen su estatus, y que ha llevado en varios casos a duplicidad de tareas y a pocos avances para una auténtica integración entre localidades vecinas.

Pero si las exigencias sociales son parte del problema, también se considera que existen movimientos que intentan "desestabilizar" al Gobierno, una opinión que comparte el primer ministro, Yehude Simon.

Para confirmar esto se señala la gran organización que muestran muchas de las protestas, la existencia de piquetes con aparente formación militar y las consignas anti-gobierno y anti-centralistas.

En el sur, bastión opositor desde hace varios años, es notoria la presencia de seguidores del Partido Nacionalista, del ex militar Ollanta Humala, aunque no se ha confirmado que estos respondan a alguna consigna de su líder.

Es reconocido, sin embargo, que grupos de reservistas del Ejército que se reclaman nacionalistas participan en todas las protestas y exhiben argumentos que van desde los pedidos del cambio del modelo económico hasta la renuncia del presidente de la República.