Nafarroa Bai rechaza el planteamiento del Gobierno en relación a las VPO

Pamplona.-  Nafarroa Bai rechaza el planteamiento "absolutamente desarrollista" de construcción masiva de vivienda de protección oficial (VPO) por parte del Gobierno Foral, y propone cuatro medidas para que la gestión de esta vivienda se haga desde un planteamiento "racional" y acorde con las necesidades existentes.

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(EFE)

El parlamentario de Nafarroa Bai, Txentxo Jimenez.

El portavoz de la coalición Txentxo Jiménez ha asegurado hoy en conferencia de prensa que el Gobierno de Navarra está abordando el tema de la vivienda protegida desde una sola visión, obviando aspectos que para Nafarroa Bai son "muy importantes".

Aunque ha querido aclarar que no están "ni muchos menos" en contra de que se construya VPO, lo que ven "sin sentido ni justificación" es la carrera del departamento en la que todo les parece bien, y el que a su juicio se haya pasado de una situación de sobreconstrucción de vivienda libre sin "ningún tipo de control", a un sobredimensionamiento de las VPO.

Sin embargo, Nafarroa Bai considera que el Ejecutivo está atendiendo más a las demandas del sector de la construcción que a las necesidades de las personas que siguen demandando y necesitando una vivienda protegida.

Para combatir esta situación proponen varias medidas, entre ellas el que el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio empiece a estudiar las posibilidades reales existentes para incorporar vivienda desocupada libre al sistema de régimen protegido,lo que supondría poder cubrir una parte de la demanda existente sin tener que "construir por construir".

Por otra parte, Nafarroa Bai considera que en estos momentos el parque de vivienda protegida no está suficientemente controlado e inspeccionado, ya que creen que existen porcentajes de vivienda que no están cumpliendo los requisitos que la Ley de Vivienda marca en cuanto a su uso y ocupación.

Por eso, proponen una "inspección masiva" del parque de viviendas que permita tener una radiografía real del grado de cumplimiento de la ley en cuanto al uso y ocupación de las viviendas protegidas.

La tercera medida que plantean es que el alquiler que se gestiona públicamente se haga en proporción directa a la capacidad de quien lo solicite, ya que opinan que en estos momentos no tiene las condiciones suficientes para que las personas que no pueden adquirir una vivienda opten por él, por ser "muy caro".

Por este motivo proponen que el porcentaje del precio del alquiler debería estar entre el 15 y el 30 por ciento de los ingresos netos que los solicitantes registran en la declaración de la renta, con lo que se conseguiría que el alquiler fuera progresivo y que estuviese en unos precios "accesibles y más justos", lo que posibilitaría que más gente optase por el alquiler de la vivienda.

En cuarto lugar, creen necesario que las administraciones públicas empiecen a reflexionar sobre los "serios problemas" que muchas personas y familias están teniendo para acceder a una hipoteca, o para hacer frente a ella en caso de que ya la posean.