El TC recomienda al Estado y las CCAA normas liberalizadoras de los servicios funerarios

Madrid.-  El Tribunal de Cuentas recomienda que el Estado y las autonomías desarrollen normas liberalizadoras para la prestación de los servicios funerarios, y, en la medida de lo posible, redacten una ordenanza que permita armonizar las condiciones exigibles a los operadores en cualquier municipio.

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(EFE)

El Tribunal de Cuentas recomienda que el Estado y las autonomías desarrollen normas liberalizadoras para la prestación de los servicios funerarios, y, en la medida de lo posible, redacten una ordenanza que permita armonizar las condiciones exigibles a los operadores en cualquier municipio.

Así lo determina el informe de fiscalización de los servicios funerarios y de los cementerios en las corporaciones locales presentado hoy por el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas (TC), celebrada en el Congreso.

El informe señala que el procedimiento de fiscalización de la gestión de los servicios funerarios se ha extendido a los ayuntamientos de todas las capitales de provincia y de otros municipios con población superior a 75.000 habitantes, que representan el 46 por ciento de la población, así como de los fallecimientos de España.

Por lo que se refiere a la gestión de los cementerios y otras infraestructuras, el análisis se ha podido generalizar a todos los municipios con una población inferior a 50.000 habitantes.

El informe recuerda que la liberalización del servicio funerario en enero de 1997 conlleva el ejercicio de libertad de empresa que sólo puede ser limitado por los ayuntamientos en caso de una regulación específica.

Desde dicha liberalización de los servicios funerarios, el 70 por ciento de los ayuntamientos habían regulado los criterios para otorgar la autorización, mientras que el restante 30 por ciento no había hecho uso de esta posibilidad.

Según ha destacado Manuel Núñez, la liberalización no ha alcanzado los efectos pretendidos de una mayor presencia de la iniciativa privada, pues de todos los ayuntamientos fiscalizados que prestaban servicios funerarios sólo en Vigo se ha privatizado dicha gestión.

Núñez ha comentado que en relación con la gestión de los cementerios, el 61 por ciento de los ayuntamientos prestaba el servicio en gestión directa por sí mismos o a través de una sociedad mercantil de titularidad municipal, el 36 por ciento de forma indirecta mediante concesiones administrativas y el 3 por ciento de los ayuntamientos atendía esta gestión de forma mancomunada con otros municipios.

La senadora del PP Beatriz Elorriaga ha apuntado que, al igual que es importante que se escuche a los ayuntamientos, sería conveniente que los ayuntamientos tuvieran "muy en cuenta todas las recomendaciones" del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el diputado Manuel Mas (PSOE), ha comentado que el informe refleja "la ineficacia de las normas" para conseguir el "objetivo imposible" de la liberalización de los servicios funerarios, por lo que cree conveniente que no se caiga en la "obsesión" de que se tiene que alcanzar la liberalización de los servicios funerarios "irremediablemente".