Gijón.- Activistas de Greenpeace han abordado esta madrugada frente a la costa de Gijón el buque "Windsor Adventure", que transportaba 54.000 toneladas de carbón procedente de Colombia, para denunciar los efectos de este combustible en el cambio climático.
En la operación, que se ha iniciado a la una y diez de la madrugada, han participado ocho miembros de esta organización, divididos en dos grupos que operaron por tierra y mar.
El carguero, de 190 metros de eslora y 15 de calado, ha sido abordado por cuatro activistas que se han subido a las torres y han permanecido en el lugar hasta la entrada en el puerto de El Musel de Gijón a las tres de la madrugada, según han explicado en rueda de prensa representantes de Greenpeace en el barco de este organización en el puerto gijonés.
El casco del buque ha sido pintado con consignas de Greenpeace por los activistas que operaron desde tierra, que han sido identificados por la Guardia Civil del Mar.
Los ecologistas que estaban a bordo del buque carbonero han intentado desplegar una pancarta desde lo alto de los mástiles, pero no lo hicieron al ser conminados por la Guardia Civil a desembarcar.
Una vez en tierra estos activistas han sido trasladados por la Guardia Civil a dependencias del puerto, donde se les ha tomado declaración y después han quedado en libertad sin cargos, según han informado los representantes de Greenpeace.
Esta organización ha ofrecido esta mañana dos ruedas de prensa simultáneas, una en Madrid y la otra a bordo del barco "Artic Sunrise", que desde anoche se encuentra amarrado frente a la costa de Gijón.
La responsable de la campaña "Cambio climático y energía" de Greenpeace, Raquel Montón, ha denunciado que el carbón "es el responsable número uno del cambio climático" y que las veintidós centrales térmicas de España proporcionan un 23 por ciento de generación eléctrica y un 64 por ciento de las emisiones de CO2 del sector.
La dirigente ecologista ha asegurado que este combustible "no contribuye a la autosuficiencia energética, no es reserva estratégica, está fuertemente subvencionado y es cada vez más caro".
Raquel Montón ha afirmado que "mantener la actividad minera no evitará el impacto social del cierre de las explotaciones porque cada puesto de trabajo salvado le cuesta al Estado 214.000 euros brutos al año".
Greenpeace reclama la eliminación de las ayudas al carbón y considera "una aberración" que el Estado subvencione la extracción de este mineral y al mismo tiempo dé ayudas a las energías renovables.
Según Raquel Montón, esta política provoca que "se hagan agujeros en la misma caja, reduciendo los fondos que podrían darse a otro tipo de energías compatibles con el medio ambiente".
Greenpeace considera que se podría abastecer el ciento por ciento de la demanda de electricidad sólo con fuentes renovables para el año 2050.
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