El Procurador General de Ecuador intenta transmitir la tranquilidad a los inversores en EE.UU.

Washington.-  El Procurador General de Ecuador, Diego García Carrión, quiso transmitir hoy un mensaje de tranquilidad a los inversores extranjeros y aseguró que su país actúa "dentro del marco de la legalidad".

ampliar foto

(EFE)

El último capítulo en las desavenencias con una compañía extranjera fue con la brasileña Odebrecht, cuyas instalaciones han sido militarizadas porque el Gobierno de Ecuador ha alegado incumplimiento de contrato.

Ecuador mantiene abiertos varios casos con diversas petroleras extranjeras por no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno en la aplicación de la Ley 42 de 2006, que establece que deben repartir el 50 por ciento de los excedentes de sus beneficios con el Estado.

Además, la Fiscalía comenzó una investigación penal en el litigio que la compañía Texaco -actualmente Chevron- tiene abierto con varias comunidades indígenas que la acusan de haber cometido daños medioambientales mientras operó en el país entre 1971 y 1992.

García Carrión señaló que esta investigación "no sólo incluye a los trabajadores de Texaco, sino también a funcionarios del Gobierno ecuatoriano", como el ex ministro de Energía y Minas, Patricio Rivadeneira, y el ex directivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo.

A este respecto indicó que "lo que hace Ecuador es manejar estos procesos dentro del marco de la legalidad. No hay persecución".

El litigio, que lleva en proceso más de seis años y ahora está abierto en dos frentes, trata de resolver la supuesta responsabilidad de la compañía Texaco en daños a la Amazonía y a las comunidades indígenas del entorno donde operaba.

En principio, cuando la compañía Texaco dejó de operar realizó los trabajos de limpieza de la zona que exige la ley, como tapar los pozos de petróleo y analizar las aguas, y recibió un documento que acreditó que la compañía cumplió con sus obligaciones y quedaba exonerada por parte del Gobierno de responsabilidad.

Sin embargo, según explicó el Procurador, el documento excluía a terceras partes por lo que "no se le puede atribuir al Gobierno ecuatoriano que terceras partes hayan iniciado una investigación", en referencia a la acción de la Fiscalía, que intenta determinar si hubo fraude al conceder esa autorización.

Además señaló que aunque el Gobierno de entonces firmara esa autorización, el Gobierno actual "no puede liberar a nadie de la responsabilidad penal", ya que la Fiscalía "es un órgano independiente del gobierno", subrayó.

En estos momentos, explicó, la Fiscalía está haciendo las investigaciones preliminares sobre si pudo haber fraude en la autorización y será la "justicia ordinaria" la que valores si los hechos que están relatando en la instrucción constituyen delito.

El Procurador se encuentra en EE.UU. para asistir a una audiencia en Nueva York que determinó que el caso debía ser seguido en una corte de Ecuador y no en un proceso arbitraje internacional como solicitaba Chevron, que ha recurrido la sentencia.

En cuanto a las aplicaciones de la Ley 42 el procurador señaló que desde julio se ha llegado a acuerdos con compañías como la estadounidense City Oriente, aunque todavía faltan otras como Repsol YPF y Murphy con las que "se sigue negociando".

El último capítulo en las desavenencias con una compañía extranjera fue con la brasileña Odebrecht, cuyas instalaciones han sido militarizadas porque el Gobierno de Ecuador ha alegado incumplimiento de contrato.