Buenos Aires.- Las principales entidades agropecuarias de Argentina solicitaron hoy una reunión de urgencia con la presidenta del país, Cristina Fernández, para encontrar soluciones a los problemas que atraviesa el sector rural.
El conflicto entre el campo y el Gobierno se desató el 11 de marzo último, cuando el último dictó una resolución por la que impuso impuestos móviles a las exportaciones de trigo, girasol, soja y maíz.
El pedido fue hecho en una carta enviada a la presidenta por los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidades que agrupan a miles de productores rurales.
Los dirigentes rurales, que protagonizaron fuertes protestas en contra de las políticas gubernamentales durante marzo y julio, se reunieron hoy con parlamentarios oficialistas, a quienes presentaron los "problemas en ganadería, lechería, problemas regionales y de emergencia agropecuaria", dijo a la prensa el titular de CRA, Mario Llambías.
"En concreto, quedó la posibilidad de un nuevo encuentro para ir avanzando en temas específicos", indicó el dirigente agropecuario.
Funcionarios gubernamentales del área de Agricultura y las patronales agropecuarias retomaron el diálogo el pasado 5 de agosto, después de casi dos meses y medio de la ruptura de las conversaciones y de la negativa del Parlamento de convalidar el esquema de impuestos móviles a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol.
Pese a que ese esquema tributario fue derogado, los productores alegan que los problemas del sector continúan, con mayores cotos de producción y bajas en los precios de las materias primas que venden.
"La situación, si cambió para algo, fue para empeorar. Planteamos hoy una urgente reunión a la presidenta de la nación", dijo Eduardo Buzzi, titular de la FAA.
El conflicto entre el campo y el Gobierno se desató el 11 de marzo último, cuando el último dictó una resolución por la que impuso impuestos móviles a las exportaciones de trigo, girasol, soja y maíz.
El rechazo al esquema tributario derivó en cuatro huelgas que impedían la comercialización de granos, bloqueos de carreteras y desabastecimiento de alimentos e insumos para la industria, que causaron millonarias pérdidas al país.
Presionada por el creciente del conflicto, la presidenta Cristina Fernández resolvió enviar al Parlamento un proyecto de ley para convalidar el polémico esquema tributario pero la iniciativa sufrió un duro revés el 15 de julio, con el rechazo en el Senado con el voto adverso del vicepresidente del país, Julio Cobos.
La crisis política derivó en la salida del Gobierno del jefe de gabinete, Alberto Fernández, y la decisión de la presidenta de dejar sin efecto los impuestos móviles a las exportaciones de granos.
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