El Gobierno peruano invirtió millones de dólares pero miles de pisqueños siguen viendo en carpas

Pisco (Perú).-  Un año después del terremoto que azotó la costa centro-sur del Perú, los 400 millones de dólares invertidos por el Gobierno no parecen satisfacer a los miles de damnificados que aún hoy malviven en chabolas y carpas de lona.

Los ánimos están caldeados en Pisco, ciudad más afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007, que causó 595 muertos y más de 300 desaparecidos. Allí se convocó para mañana una jornada pacífica de movilizaciones en protesta por la lentitud de la reconstrucción.

"Se avanza a paso de tortuga", dijo el miércoles en Pisco Mario Huamán, máximo dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que se sumó a las movilizaciones del viernes para pedir cuentas claras, descentralización en las tareas de reconstrucción y mayores ayudas a la población.

El alcalde de Pisco, Juan Mendoza, es una de las personas más criticadas en este aniversario, en un trasfondo de luchas por el poder local. Él mismo perdió a su hermana en el sismo y trabaja en un despacho prestado por la oficina de coordinación de la ONU, abrumado por los cientos de expedientes relacionados con el terremoto.

Mendoza reconoce que la burocracia ha ralentizado las tareas de reconstrucción y que la coordinación de las autoridades locales y nacionales dejó que desear, pero recuerda que la provincia sufrió un 85 por ciento de destrucción y los damnificados no entienden que hay muchas labores de infraestructura, como alcantarillado y electricidad, necesarias antes de reedificar.

Pero los 8.000 títulos de propiedad entregados -según cifras del alcalde- son a todas luces insuficientes, pues son miles los habitantes de la ciudad que permanecen refugiados en humildes chozas de cañas o de plástico, soportando las filtraciones por las lluvias de los últimos días.

Ni siquiera los muertos han logrado encontrar reposo un año después: un ala entera del cementerio sigue destruida, con panteones caídos cubiertos con lonas tras las que se adivinan los féretros abiertos.

Lo que de momento parece más urgente es la construcción de un muro exterior que cubra el camposanto, que las autoridades llaman "de la dignidad" y los pisqueños rebautizaron como "de la vergüenza".

La construcción del muro comenzó hace solo un mes. Un grupo de jóvenes irrumpe en el cementerio y grita a quien quiera oirles: "Llevan un año sin hacer nada y ahora quieren acelerarlo todo en un solo mes, para lavar la cara".

Carola Echevarría, que vino a limpiar la tumba de su hermana muerta en el sismo, se queja de no haber tenido derecho a ninguna ayuda pese a que se quedó al cuidado de las dos hijas huérfanas de la difunta.

"Cuando el martes vino el presidente (Alan García) a Pisco, distribuyeron ropa, pero ropa vieja, imagínese", asegura, y cuenta que los pisqueños quemaron la ropa recibida por la comitiva en señal de protesta.

El coordinador de la ONU en Pisco, Henry Flores, alude al fenómeno de las "familias desdobladas": madres que casan a sus hijas y traen a vivir a su mismo techo al marido y sus bebés, con lo que son varias las unidades familiares compartiendo una vivienda.

Tras el terremoto, estas familias aprovechan para solicitar cada una un lote de terreno, pero el Gobierno entrega un solo lote por la vivienda perdida.

Así le ha sucedido a Úrsula Mendoza, que recibió a los dos meses del temblor, en el mismo lugar que ocupaban en Pisco-Playa una casita de madera de unos 20 metros cuadrados donde apenas caben su madre anciana, su marido, y su propia hija con sus dos niños.

Sus otros dos hermanos que antes compartían la casa tuvieron que salir con sus familias y subsisten en carpas de plástico.

"Es muy poco lo que nos dieron, así que yo también voy a la huelga -dice resuelta- Aquí lo que quieren es hacer un complejo turístico junto a la playa y por eso quieren obligarnos a irnos", asegura.

Lo cierto es que un estudio sísmico encargado al experto Julio Kuroiwa señala que toda la playa de Pisco es "zona de peligro muy alto", y esa es la razón de que las autoridades pidan salir a todos los que contaban con una casita con vista al Pacífico para ser realojados en otro lugar.