Texas ejecuta a un mexicano pese a la oposición de la Corte Internacional

Hunstville (EE.UU.).-  El mexicano José Medellín, condenado por el asesinato de dos adolescentes en Houston, fue ejecutado hoy en Texas, pese a la oposición de la Corte Internacional de Justicia, que exigía la revisión de su caso.

A las 21.55 hora local (02.55 GMT) Medellín recibió la inyección letal que acabó con su vida en el penal de Hunstville, en presencia de su amiga Sandra Crisp, sus abogados y algunos familiares de sus víctimas.

La ejecución, prevista inicialmente para las 18.00 hora local (23.00 GMT) se suspendió más de tres horas a la espera de una respuesta del Tribunal Supremo, al que habían recurrido los abogados de Medellín después de agotar el proceso judicial en las Cortes de Texas.

Habitualmente, las decisiones del Supremo llegan antes de la hora fijada para la ejecución pero la repercusión del caso, y la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, hizo que el alto tribunal sopesara su decisión hasta el final.

Medellín, de 33 años, condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, pidió perdón por el brutal crimen por el que había sido condenado.

"Siento el dolor que he causado, por favor no odien. Que esto les otorgue la compensación emocional que están buscando", dijo mirando a las familias de las víctimas, antes de dirigirse al policía que le custodiaba con sus últimas palabras, "estoy listo".

El reo pidió que sus padres y su hermana, que le visitaron por última vez, no estuvieran presentes.

El asesinato de las jóvenes fue cometido en 1993 por Medellín y otros cinco miembros de su pandilla "Blacks and Whites", que después de abusar de ellas, las ahorcaron con un cinturón.

Además de Medellín, otros dos participantes del asesinato fueron condenados a muerte, uno de los cuales ya fue ejecutado.

Otros dos fueron sentenciados a cadena perpetua y el hermano de José Medellín, Venancio, que también participó en los hechos aunque era menor de edad, recibió una condena de 40 años por haber colaborado con las autoridades en la resolución del crimen.

El padre de Jennifer, Randy Ertman y dos amigas de la familia, Cristina Almaraz y Charline Hall, acudieron a ver la ejecución junto con los padres de Elisabeth, Adolfo y Melissa Peña, y su tío Carlos Peña.

A la salida del penal, Ertman mostró su satisfacción por la muerte de Medellín, que había estado esperando "durante mucho, mucho tiempo", según confesó a la prensa.

"Ahora voy a esperar cada día, cada día de mi vida, a que los otros responsables de la muerte de mi hija sean ajusticiados", aseguró.

Medellín era uno de los 51 mexicanos que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos sin haber recibido asistencia consular durante su detención, lo que supone una violación de la Convención de Viena, según denuncia la CIJ.

Pero Texas mantuvo su posición de no reconocer la decisión del máximo órgano judicial de la ONU y seguir adelante con el proceso alegando que Medellín perdió el derecho consular al no plantear el tema durante su juicio.

Las voces más críticas habían advertido que la ejecución de Medellín sin acatar esta orden pondría en peligro los derechos de los estadounidenses en otros países.

"Si Estados Unidos ignora sus obligaciones legales en este caso, le será difícil defender que otros países respeten los derechos de los ciudadanos estadounidenses", dijo David Fathi, director del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch.

En un último intento por salvar la vida de Medellín el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a Estados Unidos detener su ejecución y atender la reclamación de la Corte.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado norteamericano Gonzalo Gallegos manifestó que el Gobierno esperaba que el estado de Texas acatara la orden del CIJ, tal y como solicitaron en junio pasado la secretaria de Estado, Condolezza Rice, y el Fiscal General, Michael Mukasey, al gobernador de Texas, Rick Perry.

El propio presidente de EE.UU., George W. Bush, ordenó en 2005 a las cortes estatales del país seguir la decisión del tribunal de La Haya.