Medellin pide al Supremo estadounidense la suspensión de su ejecución prevista para el martes

El Paso (Texas).-  Los abogados del mexicano José Ernesto Medellín pidieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia de EEUU la suspensión temporal de su ejecución, en un último intento para evitar su ajusticiamiento previsto para el martes 5 de agosto.

Con esta petición, los abogados quieren obtener tiempo para que el Congreso pueda votar una ley que instruya a las cortes de Texas a revisar su caso, tal y como pide la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU.

En estos momentos, la vida de Medellín depende de dos instancias interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Junta de Perdones, según explicó a Efe Katherine Hoffman, del bufete de abogados neoyorquino Debevoise & Plimpton, LLP, que representa a Medellín.

Los abogados de Medellín -condenado a muerte en 1994 por participar en la violación y asesinato de dos menores-, ya pidieron la conmutación de la pena capital o una suspensión por 240 días ante la Junta de Perdones, que en estos momentos está estudiando el caso.

Según Hoffman, esperan que el organismo emita una recomendación al gobernador de Texas el lunes próximo, mientras que el fallo del Tribunal Supremo "podría llegar desde hoy por la tarde, hasta dos minutos antes de la hora programada para la ejecución", dijo.

En caso de que la Junta de Perdones recomiende la suspensión de la ejecución, el gobernador de Texas, Rick Perry, será quien tenga la última palabra.

Si la Junta niega la petición de clemencia, el gobernador podría dictar una suspensión de la ejecución de no más de 30 días, pero esto parece poco probable puesto que Perry ha reiterado su intención de seguir adelante con el proceso.

En el documento de 24 páginas que entregaron hoy los abogados de Medellín ante el Tribunal Supremo, pidieron que se le conceda el tiempo suficiente de vida para que se determine en una corte estatal si el hecho de no haber sido puesto en contacto con el Consulado de México cuando fue detenido en 1993, fue determinante para que fuera sentenciado a muerte.

En este sentido ya se pronunció la CIJ, que en 2004 consideró que EEUU violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de medio centenar de mexicanos que están en el corredor de la muerte en todo el país de obtener servicio consular cuando fueron detenidos.

De acuerdo con Hoffman, en el caso de que el Supremo no conceda la suspensión de la ejecución, "se ocasionarían daños irreparables".

El no respetar una sentencia internacional sentaría un precedente que afectaría "no sólo a los compromisos internacionales de los que se beneficia Estados Unidos, sino también a los norteamericanos que viven o viajan en el extranjero", sostuvo.

En 2005, el presidente de EEUU, George W. Bush, intervino en este caso para que las cortes estatales cumplieran la sentencia del Tribunal de La Haya de revisar los casos y libró una batalla legal con el Tribunal Supremo que finalmente falló en favor de Texas.

El máximo tribunal del país entendió que el estado no estaba obligado a cumplir la sentencia del CIJ porque no existe una legislación nacional que así lo estipule.

Los abogados alegan en su petición que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso para que se cumpla el fallo de la Corte Internacional.