Antón critica un "claro recorte" de financiación del Estado a políticas sociales

Madrid.-  El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha denunciado hoy un "claro recorte" en el gasto del Estado para las políticas sociales, y la financiación "insuficiente" a las comunidades autónomas para aplicar la ley de dependencia.

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(EFE)

El consejero de Familia César Antón durante una intervención en el Pleno de las Cortes de Castila y León.

Antón ha hecho estas declaraciones tras el Consejo Territorial de Asuntos Sociales, presidido por la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.

El consejero ha afirmado que en la reunión de hoy ha quedado patente que el Gobierno "en contra de lo que ha venido manifestando" ha recortado el gasto público en asuntos sociales, ya que el dinero que va a repartir entre las CCAA es menor que en 2007.

Un recorte, ha añadido, que se manifiesta en la congelación o desaparición de un programa "importantísimo", como es la creación de plazas públicas para personas mayores por parte de las comunidades autónomas y que "ha desaparecido sin ningún debate previo".

En relación a la financiación de la ley de dependencia, Antón ha preguntado a la ministra por qué de los 871 millones presupuestados el Estado va a repartir sólo 241, y ha pedido saber a qué se van a destinar los otros más de 600 millones y de qué forma se van a distribuir, cuestión en la que -ha dicho- no ha obtenido respuesta.

Castilla y León ha ofrecido a la ministra, según ha explicado el consejero, colaboración, lealtad y diálogo, pero ha reclamado una aplicación "real y eficaz" de la ley de dependencia y su desarrollo en igualdad y con una financiación suficiente y garantizada en el futuro, "no que cada año estemos pendientes de la aportación".

La comunidad castellanoleonesa pasará de recibir 17,8 millones en 2007 -para atender a unas 15.000 personas-, a 20,2 millones, sólo 2,4 más cuando en este ejercicio hay que prestar servicio a 12.000 nuevos dependientes más.

"Es la demostración palpable y clara de dos cosas: no se nos ha informado de dónde están los otros 620 millones de euros, y el nivel acordado es claramente insuficiente para los datos en general de la financiación y, en particular, para Castilla y León", ha concluido.

Por su parte, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha reconocido hoy que, aunque su Departamento financiará el sistema nacional de dependencia, la crisis económica podría influir en el desarrollo de este derecho.

Tras presidir el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia y la Conferencia Sectorial de Política Social, Cabrera ha asegurado a los periodistas que, "tal y como ha dicho el presidente del Gobierno en más de una ocasión", el Gobierno "garantizará la continuidad de los compromisos en las políticas sociales".

Sin embargo, ha puntualizado, "eso no quiere decir que la coyuntura económica que atravesamos actualmente no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia", aunque la intención del Gobierno y del Ministerio es "cumplir con la financiación a la que le obliga la memoria económica de la Ley".

En esa reunión, las comunidades autónomas y el Ministerio han acordado "dar un nuevo impulso a la ley" y aumentar la coordinación, la transparencia de las cuentas para garantizar los principios de igualdad, equidad y calidad del servicio.

Para ello, la Comisión Delegada se reunirá la primera semana de septiembre y establecerá un calendario de actuaciones.

En cuanto a la acreditación de los centros y el copago -dos asuntos que debían tratarse en la reunión del Consejo Territorial de hoy- el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado retrasar la negociación de ambos temas para este otoño.

El Consejo Territorial ha aprobado también el reparto de 241 millones de euros para financiar servicios y prestaciones de la Ley, que forman parte del compromiso total presupuestario del Gobierno para este ejercicio, que asciende a 871 millones de euros.