Pedirán intervención judicial para destrabar el pago de salarios en Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires.-  El Gobierno de Argentina y los sindicatos aeronáuticos acordaron hoy pedir la intervención de la Justicia en Aerolíneas Argentinas para que la compañía, controlada por el grupo español Marsans, destrabe el pago de salarios adeudados, informaron fuentes oficiales.

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(EFE)

El personal de Aerolíneas Argentinas se comprometió a garantizar "la continuidad de los servicios por los próximos 60 días".

El anuncio fue hecho por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien dijo que el personal de la aerolínea se comprometió además a garantizar "la continuidad de los servicios por los próximos 60 días".

Tomada y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, mantuvieron hoy una prolongada reunión con representantes de cinco de los siete sindicatos aeronáuticos, en momentos en que crecían los rumores sobre la intención del Gobierno de forzar la intervención de la Justicia en el caso.

"Nosotros hemos recibido la inquietud de los trabajadores y ante la grave situación del no pago de salarios hemos firmado un acta para presentarnos mañana en el juzgado para informar la situación y pedir la continuidad de las operaciones", explicó Jaime al finalizar el encuentro.

Tomada, por su parte, insistió en que las operaciones de la aerolínea de bandera están garantizadas por 60 días, con el objetivo de que no se repitan inconvenientes como los ocurridos este martes, cuando asambleas de los trabajadores provocaron múltiples demoras en las salidas de los vuelos.

Al encuentro asistieron Jorge Pérez Tamayo, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Enrique Fressia, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); Rubén Fernández, de la Unión de Personal Superior de Aeronavegantes (UPSA), y Diego Serra, de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).

También asistió Edgardo Llanos, representante de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), quien antes de ingresar al cónclave afirmó que la situación de Aerolíneas Argentinas es "insostenible" y volvió a quejarse por los salarios impagados, la carencia de insumos y la programación "inviable" de los vuelos.

"Pedimos al Gobierno que obligue a la empresa a que reprograme los vuelos. Es imposible cumplirlos. Va a haber una explosión en los aeropuertos porque no se puede cumplir con lo que se ha vendido", advirtió Llanos en declaraciones a la radio local Mitre.

Portavoces de los sindicatos han expresado a Efe su preocupación por múltiples rumores sobre la posibilidad de que Aerolíneas entre en "concurso de acreedores" (suspensión de pagos), ya sea por decisión de la compañía o por petición de sus acreedores.

Las fuentes recordaron además que siguen latentes conflictos tanto salariales como laborales en ese y otros gremios de trabajadores de la compañía.

En los últimos días la prensa se hizo eco de los rumores, así como de presuntos conflictos que impiden que llegue a término el proceso de auditoría con fines de venta accionarial ("due dilligence"), pactado por el empresario Juan Carlos López Mena con Marsans para ingresar como socio de la aerolínea.

Incluso se conjeturó que los acreedores podrían pedir la quiebra de la compañía, que según fuentes del sector aeronáutico citadas por la prensa acumula deudas de unos 200 millones de dólares y tiene buena parte de su flotilla de aviones fuera de servicio por falta de repuestos para su mantenimiento.

Los portavoces de Aerolíneas Argentinas, del grupo Marsans y de López Mena, evitan desde hace semanas todo contacto con la prensa, por lo que no han difundido comunicados para salir al cruce de los rumores.

López Mena, de nacionalidad argentino-uruguaya y dueño de la empresa naviera Buquebús, anunció el 8 de mayo pasado que en el plazo de 45 días desde esa fecha se definiría la operación por la que opta a comprar una parte de Aerolíneas Argentinas.

En declaraciones efectuadas a radios locales, el empresario dijo que iba a comprar el 37 por ciento del capital de la aerolínea, que Marsans se quedaría con un 33 por ciento, el Estado argentino tendría el 20 por ciento y el 10 por ciento restante quedaría en manos de los trabajadores.

Pero Marsans aclaró poco después que no estaba definida la composición accionarial con la que quedaría la compañía una vez cerrado el trato con López Mena, quien se mantuvo en silencio.