La adaptación del PGMO se demorará hasta dotarla de la seguridad jurídica que no dio el PP

Las Palmas de Gran Canaria.-  El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció hoy que la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación a las leyes del Territorio, Vivienda y de Directrices de Canarias se demorará hasta que se pueda garantizar la seguridad jurídica que no dio el PP.

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(EFE)

El concejal de Ordenación del Territorio de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, informó hoy en rueda de prensa de los asuntos tratados en la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento capitalino.

Así lo manifestó en una rueda de prensa el concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, quien aseguró que es imposible cumplir el plazo fijado para este mes para culminar esta adaptación, entre otras cuestiones, por las 85 sentencias sobre asuntos urbanísticos a las que ha tenido que hacer frente el Consistorio en el último año, cuyo coste asciende, hasta el momento, a 35,6 millones de euros.

La última de esas sentencias, del Tribunal Supremo y notificada hace dos semanas, explicó, anula, por su sistema de expropiación, el el plan parcial de Almatriche.

Néstor Hernández agregó que el plan parcial Tamaraceite Sur, donde se prevé construir 2.800 viviendas, está afectado por otra sentencia que también anula el sistema de expropiación.

El edil de Ordenación del Territorio recordó que, tras la aprobación, en 2000, del texto refundido de la Ley del Territorio de Canarias, el Gobierno regional estableció un plazo de un año para que los municipios del archipiélago hicieran la adaptación plena a esa nueva normativa.

Como ninguno de ellos pudo hacerlo, dijo, la administración regional volvió a ampliar los plazos, primero hasta el 31 de diciembre de 2006 y después hasta el 27 de mayo de 2008.

El concejal informó de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inició el 17 de febrero de 2006 los trabajos para la adaptación plena del PGMO a la nueva normativa urbanística regional y, en vista de que no iba a poder cumplir el plazo del 27 de mayo de este año, como tampoco ha podido hacer ningún ayuntamiento de Canarias, dijo, solicitó, hace dos plenos, una nueva ampliación por dos años más.

Hernández destacó la complejidad de los trabajos que se desarrollan para adaptar el PGMO a la nueva normativa regional en materia urbanística, ya que, según detalló, incluyen la incorporación al documento original de planes territoriales ya ejecutados, pero que no aparecen reflejados en los planos, como ocurre con el de Lomo Los Frailes.

También hay que "reconvertir y volver a regular 58 unidades de actuación", que han quedado anuladas por sentencias judiciales firmes, por estar en suelo urbano consolidado -el habilitado para los servicios públicos-, cuando son figuras urbanísticas que se desarrollan para suelo urbano no consolidado.

Otra de las cuestiones que se ha de reflejar en la adaptación del PGMO es la determinación de la nueva Ley de Vivienda que obliga a que el 30 por ciento de la promociones de vivienda que se hagan en la ciudad sean de promoción pública.

Por todas estas cuestiones, y otras, como las consecuencias de la sentencia del Canódromo o la que afecta al solar de Pavía, cuyo coste económico el Consistorio no está en condiciones de poder valorar, Hernández consideró que "existen innumerables argumentos para, con toda la premura, tomarnos el tiempo que sea necesario y reconsiderarnos los plazos para premiar a este nuevo documento de legalidad".

"Tenemos que darle seguridad jurídica a las 4.000 familias que esperan por una vivienda de promoción pública en Tamaraceite Sur y a los operadores económicos que quieren invertir y hacer viviendas de promoción privada en Almatriche", aseveró.

Hernández afirmó que el documento que el anterior grupo de gobierno municipal, del PP, dejó preparado para acometer la adaptación del PGMO carecía de "seguridad jurídica" y no podría aprobarse porque "no se ajusta a derecho", además de contener "carencias" como la de no incluir "la justificación del cálculo de aprovechamientos" en las 58 unidades de actuación anuladas.