Lamata dice que la negociación debe tener en cuenta la situación de cada empresa y sector

Toledo.-  El vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, ha recordado hoy que los salarios mínimos los fija el Gobierno central por ley y que para elevar esa cantidad es necesario una negociación en la que hay que tener en cuenta las condiciones de producción y competitividad de cada empresa y sector para que esas subidas puedan ser sostenibles.

Lamata respondía hoy así, a preguntas de los periodistas, sobre la manifestación que para mañana ha convocado el sindicato UGT para demandar que en la negociación colectiva de este año los salarios no sean nunca inferiores a los mil euros.

Fernando Lamata ha afirmado que entiende esa propuesta de UGT, aunque ha recordado que el salario mínimo lo fija por ley el Gobierno central, con lo que cualquier sueldo que esté por encima de esa cantidad es fruto de una negociación, que está regulada por la oferta y la demanda, y por las condiciones del mercado y del empleo.

El vicepresidente ha indicado que para que haya mejores retribuciones tiene que haber capacidad de generar de ingresos por parte de las empresas, pues "si se fuerzan las condiciones salariales por encima de esa capacidad", se puede llegar a arruinar a una empresa y que se pierdan sus puestos de trabajo.

Lamata, que ha mostrado su respeto a las reivindicaciones de UGT, cree que, por tanto, las mejoras salariales deben estar en función de las condiciones de producción y competitividad de cada empresa o sector, de forma que puedan sostenerse.

Ha indicado que desde el sector público se pueden apoyar mejoras, pero dentro de la capacidad que tiene la sociedad, que ha recordado depende, entre otras cuestiones, de la competitividad de las empresas.

No obstante, cree que empresarios y sindicatos, haciendo uso de su responsabilidad, pueden buscar acuerdos "razonables" para mejorar los salarios.

Respecto a las externalizaciones de servicios que también cuestiona UGT, Lamata ha afirmado que la Administración regional, en la que trabajan más de 60.000 personas, hace un "esfuerzo permanente" por mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, aunque no tiene capacidad para decidir sobre lo que hacen las empresas privadas que trabajan para la Administración.