Nueva York.- La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Gobierno de Pakistán a abolir la pena de muerte después de que su aplicación se disparara en los últimos años en ese país asiático.
Human Rights Watch envió una carta al primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani (en la imagen), en la que solicita una moratoria de las ejecuciones mientras se tramita en el Parlamento la abolición de la pena capital.
El grupo señaló hoy en un comunicado que envió una carta al primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani, en la que solicita una moratoria de las ejecuciones mientras se tramita en el Parlamento la abolición de la pena capital.
HRW sugiere a Guilani, en el poder desde marzo pasado, la creación de una comisión que analice la aplicación de la pena de muerte, qué tipo de delitos se castigan con ella y cómo reformar el sistema judicial para asegurar que se adecúa a los estándares internacionales.
Las ejecuciones se dispararon durante el Gobierno del general Pervez Musharraf debido a que aumentaron el tipo de delitos que se castigan con esa pena, según HRW.
De 31.400 personas condenadas en el país, más de 7.000 han sido sentenciadas a pena de muerte y se encuentran en proceso de apelación o a la espera de ser ejecutadas.
La organización con sede en Nueva York sostiene que la mayoría de los 309 presos sentenciados a morir en 2007 y los 134 que fueron ejecutados en la horca procedían de las clases más pobres y menos educadas de la sociedad paquistaní.
Algunos sufrieron discriminación por ser miembros de minorías religiosas y a muchos se les conculcaron los derechos procesales y se les sometió a juicios que no cumplían con las normas internacionales, aseguró HRW en el comunicado.
El director de la organización para Asia, Brad Adams, recordó que Pakistán es uno de los países del mundo en los que se registra anualmente un mayor número de ejecuciones.
"El nuevo Gobierno debe poner fin a esta situación inaceptable si de verdad está interesado en la justicia", agregó.
HRW sostuvo que la práctica "endémica" de la tortura a sospechosos en las investigaciones por parte del aparato de seguridad paquistaní puede llevar fácilmente a que se condene a personas inocentes.
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