Brasilia.- Un nutrido grupo de indios de las etnias irantxe y mynky liberó hoy a dos empleados de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) de Brasil que había tomado como rehenes, pero mantuvo ocupada la institución, informaron fuentes oficiales.
"La situación es muy complicada, pues no hay dinero para atención médica. Faltan medicinas y medios de transporte para los enfermos", declaró Gerson Napuli, miembro de la etnia irantxe que lidera la acción.
Los indios, cuyo número la policía calcula entre 80 y 100, se mantenían hoy dentro de las instalaciones de la Funasa en Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, en demanda de mayor atención del Gobierno y de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai).
"La situación es muy complicada, pues no hay dinero para atención médica. Faltan medicinas y medios de transporte para los enfermos", declaró Gerson Napuli, miembro de la etnia irantxe que lidera la acción.
"Hemos decidido actuar antes de que nuestros hijos comiencen a morir por falta de atención médica", añadió el líder indígena en declaraciones a periodistas.
La ocupación de la sede de la Funasa en Cuiabá ocurre en momentos en que existe gran tensión en distintas etnias brasileñas, sobre todo por conflictos vinculados a la demarcación de tierras.
Miembros de la etnia guaraní-terena liberaron ayer a otros dos hombres, empleados de la Funai, que tenían como rehenes en una aldea del estado de Mato Grosso do Sul.
Los guaraní-terena exigen la anexión al territorio de su aldea de un área de 400 hectáreas que, según afirman, fue "robada hace 40 años" y ahora forma parte de una hacienda privada.
El conflicto más enconado ocurre en el estado de Roraima, que limita con Venezuela, donde los indios exigen la expulsión de un grupo de empresarios arroceros que trabaja en la reserva conocida como "Raposa do Sol".
Esa reserva fue delimitada por el Gobierno en abril del 2005 y ocupa 1,7 millones de hectáreas (7,7 por ciento del estado de Roraima), habitadas por unos 18.000 miembros de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.
Tres años después de delimitar las áreas, el Gobierno decidió expulsar a los empresarios instalados en la región, que se han resistido a ser removidos por una fuerza policial desplegada con ese fin.
El gobierno regional de Romaima abogó por los empresarios y se dirigió al Supremo Tribunal Federal, en el que logró la suspensión de la operación policial para retirar a los arroceros por un tiempo indeterminado.
Según las autoridades regionales, la actividad de esas empresas representa cerca del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de ese estado.
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