Oviedo.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas, ha dicho hoy que para el buen funcionamiento de la Justicia sería necesario que el Ministerio cediera las competencias sobre personal con el fin de que los trabajadores no pertenezcan a tantos departamentos diferentes.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas (2i); el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces (c); la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos (2d); la vocal del CGPJ y directora del curso, María Ángeles García (d), y el fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero (i), durante el acto de inauguración del curso "Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de siniestralidad laboral", organizado por el Foro de Formación y Estudios del Poder Judicial sobre Protección de los Trabajadores y Riesgos Profesionales, hoy en Oviedo.
Salinas ha participado hoy en Oviedo en la inauguración del curso "Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de siniestralidad laboral", organizado por el Foro de Formación y Estudios del Poder Judicial sobre Protección de los Trabajadores y Riesgos Profesionales.
"Hay que reducir el número de 'empresarios', eliminando como mínimo alguno, y el Ministerio tendría que transferir todas las competencias de funcionarios a las autonomías que todavía no las tengan, y los secretarios judiciales deberían pasar a pertenecer al CGPJ", ha recalcado.
Tras estas transferencias de personal, Salinas ha dicho que el Ministerio debería dedicarse a la gestión y coordinación y al control de la política legislativa.
Salinas ha coincidido con la opinión expresada hoy por miembros del CGPJ, que han aclarado en Madrid que los 400.000 asuntos penales que figuran como pendientes en sus estadísticas -de los que, según un informe conocido ayer, 269.405 corresponden a Juzgados especializados en ejecutorias penales- en realidad ya están ejecutándose.
El vicepresidente del CGPJ ha asegurado que con esta cuestión se ha creado "una alarma social que no tiene sentido", ya que no hay tantas sentencias que estén paralizadas.
"No es verdad, como se ha dicho en primera página de algunos medios de comunicación, que haya más de 200.000 sentencias cerradas en un armario sin tramitarse, se están tramitando", ha subrayado Salinas, que ha agregado que puede haber alguna, y la inspección del CGPJ determinará las causas de su demora y tendrá la sanción pertinente.
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