BARCELONA.- Greenpeace advirtió hoy de que la radiactividad de la fuga que se produjo en noviembre en la central de Ascó I (Tarragona) podría haber ido más allá de Cataluña y haber llegado hasta, por ejemplo, Castellón, según apuntó hoy el investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IibB) y del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona (CSIC), Eduard Rodríguez Farré.
En rueda de prensa, este experto apuntó que debería hacerse un estudio del recorrido que han hecho durante cinco meses las partículas de cobalto-60 vertidas al medio ambiente en noviembre en Ascó, y que la central y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no notificaron hasta abril.
Rodríguez Farré, junto con portavoces del grupo Greenpeace, apuntó a la investigación "poco científica" del CSN, que aún no ha podido determinar ni la cantidad total de partículas radioactivas emitidas ni su tamaño, lo que tiene especial importancia en el "impacto" sobre la salud y sobre el medio ambiente.
El cobalto-60, "uno de los elementos con más radiactividad que existe", tiene una vida superior a los 15 años en el ambiente y, pese a que sólo estén tres o cuatro días en un organismo, sus efectos a largo plazo son "imposibles de evitar", apuntó el experto. Una vez una persona los expulsa, siguen emitiendo radiaciones al ambiente, pudiendo contaminar a otros, agregó.
Entre otros efectos, el vertido podría aumentar la incidencia de cáncer en la población con la que haya estado en contacto o bien tener otras consecuencias derivadas de una debilitación en el sistema inmunológico. Según añadió Rodríguez Farré, en todo caso, esto se conocería a "largo plazo" y con estudios sobre una comunidad, por lo que criticó que desde el CSN se haya asegurado desde el primer momento que no existe un "riesgo".
Según apuntó Rodríguez Farré, la vía más "preocupante" por la que se puede producir la contaminación entre personas es por inhalación, o bien a través del sistema digestivo. Explicó también que esta segunda posibilidad vendría si las partículas hubiesen llegado al agua, y este líquido pasase al riego agrícola o bien a ser agua de boca. "Los alimentos estarían contaminados", sentenció, y recordó que el CSN ya encontró partículas cerca del Ebro.
Rodríguez Farré puso en duda, tras las explicaciones aportadas por Ascó I y el CSN, la fiabilidad del sistema de medición empleado con los niños que visitaron la central entre noviembre y abril. "Habrá alguna razón lógica para que el CSN haya determinado que hay que hacer revisiones a más de 2.000 personas", apuntó, pese a que hasta ahora todos los análisis han dado negativo.
En este sentido, se cuestionó cuál es el nivel de radiactividad que se tiene en cuenta en estos estudios, ya que no es el mismo el permitido para los trabajadores de una central que para la población general. "Podrían estar ocultando que pueda haber una contaminación general y de los niños que visitaron las instalaciones", aseguró.
El responsable de la campaña de emergía nuclear de Greenpeace en España, Carlos Bravo, explicó que su grupo ha pedido a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue la actuación de la central y el modo de investigar el caso por parte del CSN, que "parece que quiera dar carpetazo al asunto y exculpar a la nuclear más que averiguar qué paso".
"El CSN no está siendo transparente. Ya ha pasado un mes entero y aún no sabemos la mayor parte de las cosas", lamentó Bravo, quien también lamentó que no haya trascendido cómo se está analizando a los niños. La empresa que realizó los análisis, además, está participada por Endesa e Iberdrola, que a su vez gestionan la nuclear.
Por todo ello, el grupo estudia pedirle al Ministerio de Educación que se deje de realizar excursiones escolares a centrales nucleares, ya que, además de considerarlo innecesario, supone exponer a los alumnos a "un riesgo innecesario". Asimismo, Greenpeace acusó a Ascó I de permitir visitar sus instalaciones a seis grupos de niños, lo que, para esta entidad, tiene "tintes delictivos".
Para Greenpeace, es necesario realizar un análisis del posible recorrido de las partículas para determinar a qué población debe analizar. Así, consideró "conveniente" que, al menos, los habitantes del municipio de Ascó se sometan a estas pruebas porque es seguro que el cobalto-60 pasó por la localidad.
El grupo ecologista consideró que los niños deberían repetir también las revisiones de confirmarse que los indicadores no están acorde con lo permitido para la población general, "un nivel muy inferior" --unas 100 veces menos-- al que pueden tener los trabajadores, a los que también se ha sometido a estas mismas pruebas.
Por otro lado, Greenpeace pidió a la Fiscalía que se realice un seguimiento de la población que se calcule que pueda estar afectada, dado que los efectos son a largo plazo. "Hay que investigar hasta las últimas consecuencias y depurar responsabilidades", dijo.
Greenpeace pidió también al CSN que dé explicaciones en el Parlamento español y el catalán sobre las investigaciones. Sin embargo, la delegada del grupo en Cataluña, Anna Rosa Martínez, lamentó que en todo momento la Generalitat haya "ido a remolque" de las explicaciones "insuficientes" del consejo.
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