Proponen un pacto de partidos para garantizar que la Farmacia continúe dentro del sistema público de salud

Huelva.-  Los farmacéuticos españoles y andaluces creen necesario articular un pacto entre todos los partidos políticos que garantice que la farmacia se mantenga dentro del sistema público de salud frente a los ataques de Bruselas.

ampliar foto

(EFE)

Los farmacéuticos españoles y andaluces creen necesario articular un pacto entre todos los partidos políticos que garantice que la farmacia se mantenga dentro del sistema público de salud frente a los ataques de Bruselas.

Esta es una de las conclusiones de las Jornadas celebradas por el Colegio de Farmacéuticos de Huelva, para someter a examen jurídico la nueva Ley de Farmacia de Andalucía, recientemente recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Tanto el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España como el Consejo Andaluz consideran necesario la suscripción de ese Pacto para defender y sobre todo para que defiendan el modelo asistencial de farmacia español frente a los ataques de Europa, garantizando que la farmacia se mantiene como un servicio sanitario dentro del sistema público de salud.

Asimismo, entiende que se debe de articular para actuar con el mismo criterio sobre farmacia en todas las autonomías, pues, aunque entienden que es el Alto Tribunal quien se debe pronunciar al respecto, "algunos de los contenidos recurridos están vigentes en otras leyes autonómicas cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada y que han sido aprobadas con un amplio consenso político".

Uno de los aspectos de la Ley andaluza que se ha elevado a la opinión del Constitucional es el que se refiere a la facultad de las autonomías para establecer principios de concurrencia, competencia, mérito y capacidad sobre las adjudicaciones de farmacia de nueva apertura.

Los representantes de los farmacéuticos andaluces y españoles han subrayado que esta capacitación está incorporada a prácticamente todo el ordenamiento farmacéutico español y por tanto a leyes aprobadas en comunidades con gobierno de muy distinto signo, por lo que causa sorpresa que se haya puesto en tela de juicio con motivo de la ley andaluza.

Consideran que este tipo de incongruencias políticas es especialmente nociva en un momento como el actual, en el que Bruselas cuestiona y estudia la compatibilidad de la regulación farmacéutica de las comunidades españolas con las leyes comunitarias.