El Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza un recurso de siete mexicanos condenados a muerte en Texas

Washington.-  El Tribunal Supremo rechazó hoy un recurso de apelación interpuesto por siete mexicanos condenados a muerte en Texas, según varios medios.

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(EFE)

Los siete mexicanos no tienen una fecha para su ejecución, dado que la pena capital está bajo virtual moratoria en EE.UU. desde septiembre del año pasado.

Los siete condenados forman parte de un grupo de 14 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas, informó hoy el diario Houston Chronicle.

Entre los presos a los que el Alto Tribunal negó el recurso de apelación se encuentra César Fierro, uno de los detenidos que más tiempo ha pasado en la cárcel en Texas.

Fierro, de 51 años, fue declarado culpable de robo y asesinato de un taxista en El Paso en 1979, y lleva 28 años en el corredor de la muerte.

Los otros seis mexicanos que perdieron hoy su recurso de apelación son Felix Rocha, de 31 años, condenado por violar y robar a un agente de seguridad frente a un club de Houston en 1994 y Rubén Cárdenas, de 37 años, declarado culpable de violar y asesinar a una chica de 16 años a la que había secuestrado.

También se encontraba en ese grupo Virgilio Maldonado, de 42 años, condenado por robo y asesinato en un edificio de apartamentos en Houston en 1995; Robert Ramos, de 53 años, sentenciado por asesinar a su mujer y sus dos hijos en 1992 en Progreso; y Humberto Leal García, de 35 años, condenado por el secuestro, violación, y el asesinato a golpes de una niña de 16 años de San Antonio en 1994.

Por último, el séptimo condenado a muerte es Ignacio Gómez, de 38 años, declarado culpable de asesinar en un tiroteo a tres personas en El Paso en 1996.

El dictamen del Supremo se produce después de que la misma corte decidiera el pasado 25 de marzo, que el estado de Texas no tiene que celebrar una nueva audiencia para José Ernesto Medellín, un ciudadano mexicano condenado a muerte, a pesar de una orden del presidente de EE.UU., George W. Bush, y una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Medellín fue condenado a la pena capital en 1994 por violar y estrangular a dos jóvenes en 1993, cuando tenía sólo 18 años.

La policía lo detuvo y le informó que tenía derecho a permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.

Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos condenados a la pena de muerte llevaron al Gobierno del vecino país a presentar una denuncia ante la CIJ, con sede en La Haya.

La Corte concluyó en 2004 que Estados Unidos había violado la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los casos en cuestión.

Bush respaldó la decisión de la CIJ y ordenó en 2005 a las cortes estatales seguir la decisión del tribunal de La Haya.