Los medios privados son "acosados" y hostigados por el "régimen" de Hugo Chávez

Caracas.-  Los medios privados venezolanos son víctimas de "acoso" y hostigamiento por parte del "régimen" del presidente Hugo Chávez, que utiliza mecanismos como la agresión verbal y el control de cambio para "obstruir el ejercicio de la libre prensa".

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(EFE)

Así lo afirmó David Natera (en la imagen), presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV) y director del diario regional Correo de Caroní, durante la presentación del informe sobre la situación de la prensa en el país.

Así lo afirmó David Natera, presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV) y director del diario regional Correo de Caroní, durante la presentación del informe sobre la situación de la prensa en el país en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Caracas.

Natera dijo que mediante la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promulgada en 2006, el Gobierno "controla los contenidos" de los medios, y que mediante "cinco" reformas al Código Penal ha logrado "criminalizar" la disidencia y con ello poner en "grave riesgo" la libertad de expresión.

El director de prensa destacó las "agresiones" físicas, verbales, e incluso judiciales, de funcionarios gubernamentales y grupos afectos al "régimen" contra dos decenas de informadores de medios regionales y nacionales, especialmente Globovisión y Radio Caracas Televisión (RCTV) Internacional.

La cadena de noticias Globovisión y RCTV son acusadas por el Gobierno venezolano de ser los presuntos líderes de la oposición "golpista", y de difundir supuestas "mentiras" en detrimento de la "revolución bolivariana".

RCTV dejó de emitir en señal abierta de televisión el 27 de mayo de 2007 debido a que el Gobierno no le renovó la concesión, que operó durante 53 años, con el argumento del carácter "golpista" de esa cadena y porque necesitaba la frecuencia que utilizaba -canal dos- para la nueva "televisión social" TVes.

El canal transmite ahora por suscripción de cable y satélite bajo la denominación de RCTV Internacional, y mantiene acciones judiciales para recuperar sus equipos de transmisión que, con la autorización del Supremo, utiliza la pública TVes.

En el caso de Globovisión, Natera resaltó que esa cadena ha sido amenazada de cierre "directamente" por Chávez, y es víctima de constantes "agresiones" por parte de grupos oficialistas, que casi de forma habitual visitan la sede de ese canal para gritar y pintar en sus paredes consignas a favor de la "revolución".

También es acosada por el oficialismos mediante numerosos casos administrativos y revisiones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la oficina recaudadora de impuestos Seniat.

Recientemente, Chávez cambió de opinión y dijo que su Gobierno no revocará "a la cloaca" de Globovisión la concesión de transmisión, para que la audiencia pueda comparar su desempeño con el de los "verdaderos" medios, como califica a los controlados por el Estado.

Natera dijo que el Gobierno también utiliza el control cambiario y la publicidad oficial para "obstruir el ejercicio de la libre prensa" y poner "en peligro la circulación de los diarios".

El supuesto retardo por parte del organismo que asigna las divisas Cadivi en la entrega de los dólares para la compra de papel periódico mantiene en "expectativa e incertidumbre" especialmente a pequeños diarios regionales con una línea informativa "independiente", dijo el directivo de prensa.

También señaló que tras la nacionalización, en febrero de 2007, de la principal telefónica del país, la CANTV, esa empresa ha dejado de contratar publicidad en medios críticos al Gobierno, y puso como ejemplo de ello el caso del diario que dirige, el Correo del Caroní.

Tras la intervención de Natera en la Asamblea de editores y dueños de medios regionales, Marcos Hernández, presidente de la organización pro-gubernamental "Periodistas por la Verdad", replicó las críticas vertidas contra el Gobierno y afirmó que denunciará al Bloque de Prensa Venezolano ante la Fiscalía por "instigación al golpe de Estado".