Quito pide a la OEA que actúe en el caso del ecuatoriano muerto

Quito.-  El Gobierno de Ecuador recibió hoy con preocupación la confirmación de la muerte de un ciudadano ecuatoriano durante la operación militar colombiana en ese país y solicitó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que asuma acciones para resolver este caso.

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(EFE)

Fotografía extraída de un video de 2004 y cedida por el Ministerio de Defensa de Colombia en la que se identifica al ecuatoriano Franklin Ponelia Molina, alias "Lucho" (i), y a su compañera Nubia Calderón Trujillo, alias "Esperanza" (c), supuestos miembros de las FARC.

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado remitido a Efe, indicó que el Gobierno nacional "ha recibido con suma preocupación la confirmación de la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalia Molina" durante el operativo contra "un campamento del grupo irregular de las FARC que se encontraba clandestinamente en territorio del Ecuador".

El cadáver del ecuatoriano fue extraído del lugar por fuerzas militares colombianas junto al del portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes".

La versión de la cancillería contrasta con la del Ministerio de la Defensa de Colombia, el cual asegura que el cuerpo es del ecuatoriano Franklin Ponelia Molina, conocido en las FARC con el alias de "Lucho", mientras que una familia en Ecuador dice que es un pariente suyo, de nombre Franklin Guillermo Aisalia Molina.

La violación de territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas militares colombianas generó una crisis diplomática entre ambos países, que se dio por superada en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la cumbre presidencial del Grupo de Río, celebrada el pasado 7 de marzo en República Dominicana.

No obstante, Ecuador mantiene rotas sus relaciones diplomáticas con Colombia, y sus intereses en Bogotá fueron encargados a la legación de Argentina.

En el escrito, la Cancillería recuerda que "la acción colombiana fue rechazada por parte del Grupo de Río y de la OEA, por constituir una violación inexcusable a la soberanía del Ecuador y al principio de no injerencia en asuntos internos de los Estados".

"La muerte del señor Franklin Aisalia y el traslado de su cadáver a Colombia, constituyen violaciones de los derechos humanos y garantías de un ciudadano ecuatoriano, derivadas de una acción militar al margen del derecho internacional, como lo proclamó Ecuador y lo reconoció la Reunión de Cancilleres de la OEA, del 19 de marzo" pasado, agrega el texto oficial.

Reitera que Ecuador solicitará el concurso de Insulza, debido a que el caso Aisalia está conectado a la resolución de los cancilleres de la OEA sobre el operativo colombiano en territorio ecuatoriano, y señala que la organización americana delegó a su secretario general a que dé seguimiento de los acuerdos entre Quito y Bogotá.

Por esas consideraciones "Ecuador apelará a la acción del Secretario de la OEA a fin de hallar una solución definitiva del caso, en vista del mandato que el embajador Insulza recibió para el cumplimiento de dicha resolución", agrega la nota.

Asimismo, aspira a que se presten "positivas explicaciones" por parte de las autoridades de Colombia a los "planteamientos de los familiares del señor Aisalia, que cuentan con el apoyo del Estado ecuatoriano".

Esas "positivas explicaciones", añade el texto, "contribuirán a crear un ambiente propicio para el establecimiento de un clima de confianza entre los dos países, que permita de manera progresiva dejar atrás las tensiones derivadas del incidente del 1 de marzo".

Asimismo, la Cancillería recuerda que "prestará toda la colaboración a la familia del señor Aisalia" acorde a la Constitución.

Guillermo Aisalia, padre de la víctima, "se desplazará a Colombia para repatriar el cadáver" y el Estado ecuatoriano "le apoyará en la búsqueda de las reparaciones a las que tienen derecho, así como la demanda de explicaciones a las autoridades colombianas por las circunstancias del fallecimiento", señaló la nota.

De otro lado, la Cancillería de Ecuador, sobre el posible vínculo del ecuatoriano con las FARC, afirma que "tal cuestión deberá ser, eventualmente, probada a través de los pertinentes canales legales y no es, de probarse cierta, un eximente de violación a los derechos humanos" de ese ciudadano.