Washington.- Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en general, respetaron los derechos de sus ciudadanos en 2007, pero el de Venezuela hostigó a los medios y partidos opositores, afirmó hoy el Departamento de Estado de EE.UU.
En Boivia hubo "discriminación por sexo y grupo étnico, tráfico de personas, trabajo infantil y condiciones de trabajo brutales en el sector minero".
El informe anual que el Gobierno estadounidense envía al Congreso sobre la situación de los derechos humanos en el resto del mundo sirve para la consideración legislativa de la ayuda económica y militar de EE.UU. a otros países.
BOLIVIA: Los principales problemas de derechos humanos en Bolivia el año pasado "fueron abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas varias muertes, las duras condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas a las libertades civiles y a la libertad de prensa".
Según el Departamento de Estado, en Bolivia hubo el año pasado "corrupción y falta de transparencia en la administración gubernamental, discriminación por sexo y grupo étnico, tráfico de personas, trabajo infantil y condiciones de trabajo brutales en el sector minero".
"La violencia de grupos vigilantes y las muertes por linchamiento siguieron siendo un problema", apuntó. "La agencia noticiosa del gobierno dio cuenta de 11 muertes por linchamiento tan sólo en la ciudad de El Alto".
ECUADOR: El gobierno ecuatoriano, "en general, respetó los derechos de sus ciudadanos el año pasado", pero persistieron problemas tales como el uso excesivo de fuerza y las muertes causadas por la policía, el abuso y homicidio ocasional de sospechosos y detenidos, las malas condiciones carcelarias y "un elevado número de detenidos a la espera de juicio".
El informe apuntó que hubo acusaciones contra miembros de la Policía Nacional por asesinatos, violaciones, extorsiones, secuestros y contrabando de extranjeros.
"Persisten problemas sociales como la violencia y la discriminación contra las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos y los homosexuales, el tráfico de personas y la explotación sexual de menores, y el trabajo infantil", agregó.
COLOMBIA: El respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana mejoraron en Colombia, aunque "sigue habiendo problemas serios" y los grupos guerrilleros continuaron violando las libertades, señaló el informe del Departamento de Estado.
El informe sostuvo que la Ley colombiana de Justicia y Paz "ayudó a esclarecer más de 3.000 crímenes y condujo a la exhumación de fosas comunes", lo que facilitó la identificación de más de mil restos humanos.
Pese a ello hubo ejecuciones extrajudiciales; la tortura y maltrato de los detenidos, el acoso contra los periodistas y el abuso contra mujeres y niños.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron asesinatos políticos, secuestros y desapariciones forzosas y reclutaron soldados niños, entre otras violaciones de los derechos humanos.
El informe también detalla las violaciones perpetradas por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya desmovilización llevó a una reducción en los asesinatos y otros abusos de los derechos humanos.
PERÚ: También el gobierno peruano "en general" respetó los derechos de sus ciudadanos en 2007, pero hubo abuso de detenidos, malas condiciones carcelarias, prolongadas detenciones antes de los juicios y ataques contra los medios de comunicación por parte de autoridades locales, según EE.UU.
"La organización terrorista Sendero Luminoso, vinculada con el tráfico de drogas fue responsable de asesinatos y otros abusos de los derechos humanos", añadió el informe.
El Departamento de Estado señaló que el año pasado continuaron en Perú "la corrupción gubernamental, la violencia y la discriminación contra las mujeres, la violencia contra los niños, incluido el abuso sexual, el tráfico de personas, la discriminación contra los indígenas y otras minorías, y la omisión en el cumplimiento de las leyes laborales".
VENEZUELA: El informe estadounidense denuncia la "politización de la justicia" en Venezuela, así como el "acoso oficial" contra los medios de comunicación y la oposición, durante 2007.
Además, el texto cita otros problemas de los derechos humanos, como las "muertes ilegales", y en concreto las "ejecuciones sumarias de sospechosos criminales", de las que pueden haber sido víctimas 51 personas, según datos de varias organizaciones.
El Departamento de Estado también habla de "desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad, así como de torturas y abusos de detenidos".
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