El alcalde de Oropesa se niega a declarar ante el juez por un delito de prevaricación

Castellón.-  El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), se ha negado hoy a declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 4 de Castellón como imputado por un presunto delito de prevaricación por intentar de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable.

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(EFE)

Rafael Albert (i), del PP, antes de declarar como imputado en el juzgado número 4 de Castellón tras la denuncia presentada por la posible comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or, junto a Tomás Fabregat, concejal de Urbanismo.

Así lo ha explicado hoy a EFE el abogado y denunciante, Santiago Balmau, quien ha concretado que el alcalde se ha negado a declarar al argumentar que ha interpuesto un recurso a su imputación todavía no resuelto, así como para "evitar su indefensión".

La construcción de los dos edificios, situados en el antiguo cámping "Torrepaquita", en la zona de la Playa de la Concha, se aprobó en la legislatura de 1999-2003, cuando el independiente Francisco Garrido, también imputado por el mismo caso, estaba al frente de la alcaldía.

En concreto, la primera licencia de obras se otorgó el 9 de agosto de 2002 y la segunda el 23 de mayo de 2003, pero el intento de recalificación del suelo sobre el que están construidos los edificios se produjo cuando Rafael Albert ya era alcalde de la localidad.

Según el abogado, "el intento de legalización" se produjo en un pleno convocado por la vía de urgencia el 13 de agosto de 2005, que quedó posteriormente anulado al aceptar la alegación de que "no había causa de urgencia en la convocatoria del pleno", por lo que los edificios se encuentran todavía sobre suelo dotacional privado de un cámping, que el antiguo PGOU calificaba como terciario.

Este hecho produjo la imputación de Rafael Albert, que se suma a las del anterior alcalde independiente, Francisco Garrido, el entonces arquitecto municipal Carlos Garrido, y tres ex-ediles del Ayuntamiento que votaron a favor de las licencias pese a existir un informe negativo del secretario del Ayuntamiento, ha relatado el abogado.

Santiago Balmau ha asegurado que, en caso de que se acepte el recurso del alcalde a su imputación, basada en "una cuestión de forma", volverá a denunciar al alcalde o incluso presentará una querella.

Además, ha explicado que en el mismo terreno donde se construyeron las dos torres que conforman el "Edificio Mar", la empresa San Joan de Moró S.L solicitó la licencia para construir otros dos bloques de viviendas situados en el mismo terreno, y ha dicho que "ya ha empezado el movimiento de tierras" a pesar de que el suelo no está recalificado como urbanizable.