San José.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) afirmó hoy que la ley que restituye la pena de muerte en Guatemala y da capacidad al presidente para otorgar indultos va en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana ordenó a Guatemala "adoptar, en un plazo razonable, un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo".
La condena de la que habla CEJIL corresponde al 15 de septiembre de 2005 cuando la Corte sentenció a Guatemala por el caso de Ernesto Raxcacó Reyes, quien fue condenado a muerte por el delito de plagio o secuestro, para el cual esa sanción no se encontraba prevista en la ley.
La Corte Interamericana ordenó a Guatemala "adoptar, en un plazo razonable, un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar y, en su caso, obtener indulto, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo".
CEJIL explicó hoy en un comunicado que la nueva ley aprobada por el Congreso guatemalteco el pasado martes y que restableció la pena de muerte, paralizada desde 2000, viola este último punto, pues "establece la figura del silencio administrativo en sentido negativo".
Esto quiere decir que "si transcurren 30 días desde la solicitud de indulto sin que el Presidente de la República responda, se asume que el indulto fue negado y por lo tanto procede la ejecución de la persona condenada a muerte", afirmó CEJIL.
"Tal situación evidencia una falta absoluta de criterios valorativos que contradice la orden de la Corte Interamericana, que indicó que el indulto debe ser resuelto por una autoridad competente conforme a ciertos criterios preestablecidos", agregó.
La organización aseguró que la nueva ley guatemalteca "desnaturaliza la figura del indulto y la utiliza para un fin totalmente contrario, cual es apresurar las ejecuciones de las personas condenadas a muerte".
CEJIL, cuya sede regional está en Costa Rica, instó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para que "rectifique" esta situación mediante el veto y dé una "clara señal" del compromiso de ese país con los derechos humanos.
El mandatario guatemalteco anunció el pasado miércoles que no otorgará el indulto a los reos condenados a muerte en su país y que respetará la decisión de los tribunales de justicia.
CEJIL es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos que busca asegurar la implementación de normas internacionales de derechos humanos en los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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