Entre “la lista de Sinde” y Zapatero frenan el anteproyecto para proteger la libertad intelectual en Internet

Entre “la lista de Sinde”, formada por catorce blogueros, periodistas, empresarios de Internet y profesores de periodismo digital que dijeron a la ministra González-Sinde que una comisión administrativa con potestad para decidir el cierre de páginas web no puede existir y el presidente, Rodríguez Zapatero, afirmando que no se va a cerrar ninguna web ni ningún blog, aunque algo se tendría que hacer para proteger la propiedad intelectual sin que deje de prevalecer la libertad de expresión, se ha conseguido frenar el citado anteproyecto que ha sembrado la alarma entre millones de internautas y de blogueros que cuyos derechos fundamentales no pueden verse supeditados a losderechos de autor, debiendo ser un juez, y no un ministerio, quien decrete el bloqueo de un sitio web.

Y por lo que a nosotros toca y aunque esté reproducido hasta la saciedad en cualquier medio que se precie reproducimos el manifiesto que en defensa de los derechos de Internet surgió de manera espontánea, democrática y colaborativa:

MANIFIESTO A FAVOR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET


Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

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