Se acabó el "calvario" de Camps: los regalos no son cohecho

Termina "el calvario" para Francisco Camps. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho público el archivo de la causa abierta contra él y el resto de aforados valencianos presuntamente implicados en el caso Gürtel, entre ellos su mano derecha, Ricardo Costa.

Rajoy y Fco Camps

Hoy mismo El País ha insistido en que Camps recibió infinidad de regalos de "El Bigotes": trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes e incluso entradas para el Circo del Sol y hoy mismo La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado los recursos de apelación planteados por Francisco Camps, Ricardo Costa, Victor Camps y Rafael Betoret, y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra todos ellos, por entender que los hechos no son constitutivos de delito.
Al mismo tiempos han sido desestimados los recursos que el Ministerio Fiscal y la acusación popular, que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps, aunque el auto cuenta con el voto particular de uno de los magistrados que forman la Sala, quien entiende que el sobreseimiento del procedimiento debe acordarse sólo respecto de Ricardo Costa


En cuanto al delito de cohecho pasivo impropio entiende  el Tribunal que se refiere, no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario:  "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza "en consideración a su función", por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público"...."Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones....Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad..."

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